La Junta de Castilla y León vuelve a aprobar la misma norma anulada judicialmente en abril, contra la opinión de las asociaciones ambientales y sin ningún tipo de diálogo
Ocho meses después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León (TSJCyL) que anuló el Decreto 2/2015, de 8 de enero por el que se creó el Consejo Regional de Medio Ambiente, en sustitución del actual Consejo Asesor de Medio Ambiente constituido en 2001, la Junta de Castilla y
León publicó ayer en el BOCyL una propuesta idéntica a la anulada judicialmente, sin ningún tipo de diálogo con las organizaciones medioambientales.
Con la excusa de la racionalización administrativa, lo que en realidad pretende la Junta de Castilla y León es vaciar de contenido el ya escaso espacio que dedica al debate de sus propuestas medioambientales, creando un órgano aún más dócil e inoperante que el existente, con la finalidad de fingir una transparencia y participación social que es ilusoria.
De hecho, el número de miembros del nuevo Consejo se aumenta de los ya excesivos 37 hasta 42, incrementando los altos cargos y funcionarios de la Junta de Castilla y León de 17 a 20 y las vocalías de libre designación por el Consejero de Fomento y Medio Ambiente de 3 a 4, inundando así el supuesto
órgano de participación social de políticos y funcionarios sin más función que votar lo que indique en cada caso la Presidencia.
Es llamativo que las únicas representaciones que se pretenden reducir sean, además de las de los Ayuntamientos (de 3 a 1 vocal) y las Universidades Públicas (de 4 a 2 vocales), las de las asociaciones de defensa de medio ambiente, que pasarían de los actuales 3 vocales a los 2 propuestos, frente a los 5 que tienen por ejemplo en el Consejo Asesor de Medio Ambiente estatal, integrado por sólo 15 miembros y en el que el único alto cargo de la Administración es la propia Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que lo preside.
La elección de los dos vocales de las asociaciones de defensa de medio ambiente es además la única tutelada por la propia Junta, lo que contrasta con la asignación directa de vocales «electivos» para organizaciones concretas como las Federaciones de Caza y Pesca o la Federación de Propietarios Forestales.
Además, la propuesta de nuevo Consejo Regional de Medio Ambiente evita crear en su seno comisiones sectoriales sobre espacios naturales, residuos y cambio climático, previstas en la propia normativa de la Junta de Castilla y León, para tratar adecuadamente las especialidades técnicas de estos sectores. De manera que los únicos asuntos ambientales que parece interesan a la Junta son la caza, la pesca y los montes, para los que sí se crean comisiones sectoriales.
Por todo ello, las organizaciones ambientales de ámbito estatal Amigos de la Tierra, Greenpeace España, Ecologistas en Acción, Sociedad Española de Ornitología y WWF España, así como distintas asociaciones regionales y locales de Castilla y León, presentaron el pasado verano alegaciones pidiendo al Consejero de Fomento y Medio Ambiente que suprimiera todas las vocalías de altos cargos y/o funcionarios de la Administración de Castilla y León y de la Administración General del Estado, así como que añadiera a las comisiones sectoriales previstas las referidas a Patrimonio Natural, Residuos y Atmósfera.
Como muestra del concepto de participación del Gobierno regional, los ecologistas denuncian que la Junta de Castilla y León no se ha dignado a responder ninguna de las sugerencias realizadas por las organizaciones que comparecieron durante la información pública. Todo un alarde de transparencia y participación ciudadana que pone a las claras la hipocresía de la Junta, por lo que Ecologistas en Acción volverá a recurrir judicialmente el nuevo Consejo.
Fdo: Ecologistas en Acción
