Santos exige una convocatoria con garantías
El procurador de UPL, Luis Mariano Santos Reyero, ha presentado varias preguntas a la Mesa de las Cortes en las que pide al Consejero de Sanidad una solución para la situación creada tras los exámenes de Medicina Interna y Psiquiatría, donde la mayoría de las plazas fijas han recaído en los aspirantes que guardan relación directa, ya sea por trabajar o haberse formado, con el complejo asistencial de Rio Hortega, en Valladolid.
El 22 de junio de 2016 se convocó el proceso selectivo para el acceso a una plaza fija de especialistas de Medicina Interna que ofertaba 29 plazas. En la fase de oposición, que se celebró el 19 de noviembre, fueron admitidos 280 aspirantes de toda España, de los que solo pasaron a la de concurso 30.
De los aprobados (tan solo el 10%), el 40% tiene relación con el Hospital Río Hortega de Valladolid (12 facultativos), por trabajar o haberse formado en el mismo y, además todas las calificaciones superiores al 7 corresponden a los opositores de este complejo asistencial, con una nota muy por encima del resto de los aprobados, que rondan en torno al 5,5.
Igualmente, el 13 de noviembre de 2016 tuvo lugar el examen correspondiente a la fase de oposición de la OPE de 2016 para especialistas en Psiquiatría. De los 170 aspirantes al proceso selectivo de Psiquiatría solo superaron el examen 25, por lo que según esa evaluación, 145 facultativos en Psiquiatría, pese estar en ejercicio activo de su profesión, carecen de los conocimientos mínimos. De igual forma, las mejores calificaciones corresponden a los lugares donde trabajan los miembros del Tribunal curiosamente.
Esta cuestión no es baladí, porque podría esconder un trato de favor hacia determinados profesionales sanitarios sembrando, además, la duda sobre la posible formación de aquellos profesionales que curiosamente no tienen ninguna relación orgánica con los miembros del tribunal.
El propio Consejero de Sanidad ha reconocido que los resultados son muy llamativos y que los mismos generan ciertas dudas sobre la trasparencia del proceso. Un proceso que suma, a las designaciones del Jurado, muchísimas dudas en las materias sometidas a examen, preguntando por cuestiones que no figuraban en el temario, y provocando la impugnación de más del 30% de las preguntas aceptando casi la anulación del 20% de las mismas.
Es por ello que Santos pedirá a Sáez Aguado que inicie una investigación de oficio ante la multitud de irregularidades y el extraño resultado, depurando las posibles anomalías denunciadas también por uno de los sindicatos, el CESM, al que pertenece uno de los miembros del propio tribunal. Recordándole que su responsabilidad no puede ser únicamente la de sentarse a esperar un recurso o un proceso contencioso administrativo que no saldrá adelante ante lo farragoso del mismo y ante el miedo a represalias de los opositores, y que su obligación es favorecer la igualdad independientemente del lugar o provincia al que estén adscritos los profesionales.
