Tras el penoso espectáculo ofrecido en el Ayuntamiento de León, donde PP y UPL demostraron que León y las consecuencias de este tipo de tratados sobre la economía y el futuro de la provincia les importa un bledo, retratándose junto al PSOE, que se abstuvo en el pleno de León como su partido votó a favor del tratado en el Parlamento Europeo: es el momento de movilizarse contra este atentado contra la autonomía local y el futuro económico de nuestras comarcas.
El pasado mes de octubre fue firmado el CETA (Acuerdo Integral de Economía y Comercio) que ha sido ratificado en el mes de febrero por el Parlamento Europeo. Es un acuerdo entre la Unión Europea y Canadá, negociado con enorme secretismo.
El CETA se disfraza de un acuerdo tarifario para eliminar aranceles, que ya son mínimos entre Canadá y los estados de la UE. Sin embargo, el acuerdo va mucho más allá y supone una reconfiguración de todo un conjunto de normas de tipo social, jurídico, laboral y medioambiental que regulan la actividad empresarial. El verdadero objetivo es facilitar el enriquecimiento privado de las empresas con sede en la Unión Europea y en Canadá (donde hay 41.000 empresas estadounidenses registradas), y para ello se modifican y relajan todos los tipos de regulación que, para mejorar la calidad de vida de la mayoría, pone límites a la libre actuación de la empresa. De esta forma, se abren las puertas a la reducción de derechos laborales y estándares sanitarios, o el aumento de la capacidad de contaminar, entre otras cuestiones que hoy los estados regulan y que corren el riesgo de desaparecer. El CETA incluye los llamados tribunales de arbitraje, en los que las multinacionales podrán denunciar a los estados por hipotéticas perdidas económicas si se aprueban normas democráticas, lo que supone todo un chantaje a la democracia y su subordinación al interés económico. Además incluye la Cláusula Rachet, presente en otros acuerdos de la UE, que impide que servicios que hayan sido privatizados vuelvan a estar bajo control público. Tras ser aprobado el quince de febrero de 2017 por parte del Parlamento Europeo con 408 votos a favor, 254 en contra y 33 abstenciones, el CETA será aplicado de manera provisional hasta que lo ratifiquen el conjunto de los parlamentos estatales de la Unión Europea. Es la primera vez que las instituciones europeas recurren a este tipo de aplicación provisional, lo que llama la atención tras las dificultades para su firma por parte de la representación belga.
El proceso de negociación se ha realizado a espaldas de Parlamento europeo y por supuesto de la ciudadanía entre los años 2006 y 2014.
El Acuerdo, entre otras cuestiones establece la creación de un Foro de Cooperación en Materia de Regulación. Este será un órgano que garantizará que el Gobierno canadiense y representantes de las empresas tengan acceso a los textos legislativos promovidos por la Comisión antes de que estos lleguen al Parlamento Europeo o trasciendan a la opinión pública, aumentando de este modo su capacidad de influir en ellos para adaptarlos a sus intereses.
Especialmente preocupante son los tribunales de arbitraje que constituyen un mecanismo que pueden utilizar las empresas privadas cuando consideren que se ha vulnerado su capacidad de obtener mayores beneficios económicos ya que establecen un sistema de justicia paralelo para las grandes empresas y, sobre todo, la creación de un supuesto derecho de éstas al enriquecimiento ilimitado.
El CETA supone un gran ataque a los derechos medioambientales y laborales de los Estados miembros, así como a la gestión de los servicios públicos.
El tratado ya ha entrado automáticamente en vigor tras el voto del 15 de febrero de 2017. Legalmente, debe ser ratificado por cada uno de los Estados miembro en sus propios parlamentos, salvo el Reino Unido y Malta, donde sólo debe aprobarlo el Gobierno por su propio estatus constitucional. De acuerdo a su legislación interna, cada Estado puede trasladarlo a otras instituciones, como parlamentos regionales, o celebrar referéndums. Este proceso podría alargarse por tanto hasta dos años. Por tanto, en realidad la aplicación provisional se utiliza meramente como como un nuevo mecanismo de presión, puesto que en este caso no tiene base jurídica en la legislación o el acervo comunitarios, ya que está diseñada para motivos de urgencia como los desastres humanitario. Revertir un tratado una vez empieza a aplicarse es mucho más complicado y puede incluso tener un efecto disuasorio en los parlamentos más proclives a oponerse al CETA. Al final, la aplicación provisional supone una merma democrática, pues la aplicación del acuerdo no se ve condicionada a los procedimientos democráticos requeridos.
Pedimos que los Ayuntamientos de la provincia que rechacen completamente el CETA (Acuerdo Integral de Economía y Comercio), así como el resto de tratados del libre comercio que la UE está negociando ahora mismo como el TTIP (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones) y el TiSA (Acuerdo en comercio de servicios), insten al gobierno del Estado Español a que la ratificación del CETA sea mediante un referéndum en el que participe toda la ciudadanía, no sólo mediante un decreto del Gobierno o de una votación en el Congreso de los Diputados.
