Prisiones contará desde mañana con un protocolo contra las agresiones, tras las reivindicaciones de CSIF
En los últimos diez años se han registrado más de 2.000 agresiones en centros penitenciarios
Los presos que agredan a un funcionario de prisiones se enfrentarán a una pena adicional de hasta cuatro años de cárcel, en virtud de un protocolo que será ratificado mañana en la Mesa General de la Administración General del Estado, con el aval del Ministerio del Interior y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en este ámbito.
CSIF ya consiguió un protocolo en el ámbito de la Administración General del Estado (además de uno específico para las oficinas de empleo) que dejó fuera a la plantilla de Instituciones Penitenciarias. Pues bien, nuestras denuncias por los episodios de violencia en las cárceles y el déficit en medios personales y materiales han dado fruto y el protocolo en las prisiones será mañana una realidad.
La principal novedad de este documento es la voluntad del Gobierno de reforzar y proteger específicamente el ámbito de autoridad que ejercen los funcionarios de los Cuerpos Penitenciarios. Así, se les reconocerá de manera expresa la condición de autoridad pública, tal y como sucedió en la reforma del Código Penal de 2015 con las agresiones a sanitarios y docenes, que conllevan hasta cuatro años de cárcel.
Asimismo, el protocolo incluirá el endurecimiento de algunas sanciones disciplinarias cuando, como consecuencia de actos violentos ejercidos contra los funcionarios, estos sufrieran un quebranto significativo en su salud o en su integridad. Actualmente, prestan servicio en Instituciones Penitenciarias más de 23.000 empleados públicos, entre personal funcionario y laboral, destinándose más de 15.000 a tareas propias de vigilancia, incluido garantizar el orden y la seguridad interior de los centros penitenciarios.
Este protocolo, también contempla la creación de un registro específico de agresiones, la elaboración de un plan de formación para la prevención y respuesta ante situaciones de riesgo, así como medidas de apoyo jurídico y psicológico a los empleados públicos penitenciarios que sufran una agresión
En todo caso, CSIF va a mantener la presión con concentraciones en centros penitenciarios de toda España, que comenzarán el próximo 31 de mayo, para acelerar la puesta en marcha del Protocolo y para reivindicar mejoras en las condiciones laborales:
La paralización inmediata de los procesos de privatización en Instituciones Penitenciarias.
Una Oferta de Empleo Público extraordinaria que venga a solventar el déficit estructural de los centros penitenciarios, así como que posibilite la apertura de nuevos centros, como los de Archidona, Ceuta y Soria.
La convocatoria anual de concursos para todo el personal funcionario de IIPPP, donde se garantice el mérito, la capacidad y la igualdad.
Un sueldo digno para todas los Empleados Públicos Penitenciarios, con una subida de los niveles para todo el personal funcionario, equiparable a otros cuerpos de éste Ministerio, y su equivalente para el personal laboral.
La defensa de la dignidad y profesionalidad de todo el colectivo penitenciario por parte del Ministerio del Interior.
Según datos recabados por CSIF del Registro Central de Personal, casi la mitad de la plantilla, un total 10.537 personas, tiene más de 50 años y por tanto se jubilará a lo largo de los próximos 10-15 años (el personal funcionario tiene posibilidad de acogerse a la jubilación a los 60). De estos, 1.130 personas tienen más de 60 y por tanto se jubilarán de manera inminente.
Además, en los últimos 3 años, se ha producido una merma de 904 efectivos (en la actualidad, hay 23.439 funcionarios, frente a los 24.343 que había en enero de 2013).
