80 profesionales desarrollan su trabajo en los 16 puntos de encuentro familiar de la Comunidad, a los que la Junta destina más de 1,2 millones de euros. La Junta, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las asociaciones nacional y regional de puntos de encuentro, FEDEPE y APROME, dan un paso más en la calidad y eficacia de este servicio orientado a apoyar a las familias en situaciones conflictivas y a proteger los derechos e intereses de niños y niñas con la creación de una ‘Guía de Buenas Prácticas de los puntos de encuentro familiar con los juzgados de Castilla y León’ para los profesionales de los puntos de encuentro y a los profesionales jurídicos. En ella se recogen informaciones precisas sobre intervenciones en las visitas, derivaciones judiciales, coordinación entre profesionales o normas de funcionamiento.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, la magistrada y jefa de la Sección de Estudios-mediación del Consejo General del Poder Judicial, Ana Carrascosa, y la Presidenta de la Federación Nacional de Puntos de Encuentro para el derecho de visitas, FEDEPE, y presidenta de la Asociación para la protección del menor en los procesos de separación de sus progenitores, APROME, María Luisa Sacristán, han presentado la ‘Guía de Buenas Prácticas de los puntos de encuentro familiar con los juzgados de Castilla y León’.
Castilla y León fue pionera al abrir, en 1994 en Valladolid, el primer punto de encuentro de España. Los puntos de encuentro familiar son espacios neutrales que facilitan a las familias el cumplimiento del régimen de visitas de los menores con sus progenitores y con otras personas a las que se atribuye este derecho en situaciones de conflicto. Es un recurso que persigue salvaguardar el interés superior del menor, con carácter primordial. De esta forma, a través de los puntos de encuentro familiar se pretende favorecer el derecho fundamental del menor a mantener la relación con sus padres y familiares durante los procesos y situaciones de separación, divorcio u otros supuestos de interrupción de la convivencia familiar, hasta que desaparezcan las circunstancias que motiven la necesidad de utilizar este recurso. Los puntos de encuentro familiar intervendrán cuando sea el único medio posible para facilitar las relaciones entre la familia y los menores y tras haber agotado otras vías de solución.
Alicia García ha destacado la relevancia social de este servicio, que cuenta ya con 16 puntos de encuentro familiar en Castilla y León que, en 2016, atendieron a 1.808 familias, a casi 2.600 menores y realizaron cerca de 113.000 intervenciones, trabajo apoyado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades con una aportación de 1,25 millones de euros.
Desde el inicio de este servicio en Castilla y León, en 1994, hasta abril de 2017, se ha atendido en los puntos de encuentro familiar de la Comunidad a más de 20.400 familias y a casi 29.000 menores, en más de 1,1 millones de intervenciones. La Junta ha apoyado este servicio desde 2003, destinando a tal fin más de 14,5 millones de euros.
En la Comunidad de Castilla y León existe una red de puntos de encuentro familiar formada por 16 centros en las capitales de provincia y municipios de más de 20.000 habitantes: Aranda de Duero, Ávila, Burgos, Laguna de Duero, León, Medina del Campo, Miranda de Ebro, Palencia, Ponferrada, Salamanca, San Andrés de Rabanedo, Segovia, Soria, dos en Valladolid y Zamora. En ellos trabajan 80 profesionales ofreciendo servicios especializados de apoyo a las familias y prestando una atención profesional, planificada y gratuita.
Alicia García ha manifestado que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades va a seguir apoyando este servicio de utilidad para las familias y protegiendo a los menores ya que esa es una de las mayores prioridades, con iniciativas como la Guía de Buenas Prácticas presentada hoy con la que se refuerza la coordinación de estos puntos de encuentro familiar con los juzgados y con todas las instituciones y profesionales que integran la Red de Atención a las Familias, mejorando la calidad y la eficacia de este servicio de intervención profesional y especializada a los menores y sus familias que viven relaciones conflictivas.
Una nueva herramienta que refuerza la coordinación entre profesionales
El acceso a los puntos de encuentro familiar se produce con carácter general por derivación de la autoridad judicial competente cuando se dan situaciones de alta conflictividad familiar, incumplimiento del régimen de visitas, posibles situaciones de riesgo para los menores o para alguno de los progenitores, aunque también pueden derivar a este servicio las secciones de Protección a la Infancia de las gerencias territoriales de Servicios Sociales de Castilla y León.
Por este motivo, se hace necesaria una coordinación fluida del punto de encuentro familiar con los juzgados de familia, juzgados de violencia, fiscalía, sala de familia de la Audiencia y equipos psicosociales tanto en el momento de la derivación judicial como a lo largo de toda la intervención. Precisamente, para reforzar esa coordinación se ha elaborado una ‘Guía de Buenas Prácticas de los Puntos de Encuentro Familiar con los Juzgados de Castilla y León’ como una herramienta de trabajo que contribuya a mejorar la intervención con la familia.
Una guía con la que continuar ofreciendo cada vez un servicio más eficaz en la intervención profesional y especializada que se ofrece a las familias con hijos menores que se encuentran inmersas en un proceso conflictivo de separación a través de una transmisión de información precisa, un conocimiento mutuo y una colaboración efectiva.
De esta forma, esta Guía de Buenas Prácticas aporta a los profesionales implicados informaciones sobre objetivos, tipologías de casos atendidos, normativas de funcionamiento o modalidades de intervención familiar. Al mismo tiempo, la Guía ayudará a mejorar la coordinación entre puntos de encuentro familiar y los juzgados en aspectos como situaciones adecuadas para la derivación judicial, causas de posible cese de la intervención, informes del punto de encuentro familiar al juzgado o comparecencias judiciales.
