Con las decisiones alcanzadas en la reunión extraordinaria del Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se cumplen los acuerdos defendidos para este año entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y las entidades del Tercer Sector en Castilla y León. Este acuerdo, firmado el pasado 8 de mayo, supuso que la Junta y las entidades del Tercer Sector en la Comunidad se alinearan en la defensa de la continuidad de los programas de estas entidades, el mantenimiento de la financiación que se destinaba por parte del Estado a Castilla y León para que estas entidades no perdieran ni un euro de lo que venían percibiendo y la garantía de una gestión ágil de estas subvenciones para que los programas, y todas las personas atendidas por ellos, no se vieran perjudicados por el obligado cambio en el modelo de gestión a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha participado en la reunión extraordinaria del Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, convocada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para acordar el modelo de subvenciones destinadas a los programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF 2017 y el reparto de los créditos.
Alicia García ha señalado que, finalmente, las decisiones alcanzadas en el Consejo Territorial, cumplen los objetivos defendidos en las negociaciones por Castilla y León, objetivos que fueron acordados el pasado mes de mayo por la Junta y las entidades del Tercer Sector en la Comunidad para garantizar y defender en 2017 el mantenimiento de la financiación del IRPF a las entidades sociales de la Comunidad y a los programas que desarrollan en la atención a las personas más vulnerables.
De esta forma, y tras los acuerdos del Consejo Territorial, Castilla y León gestionará, por primera vez, 20,1 millones de euros procedentes de la asignación tributaria del IRPF, que se destinan a actividades de interés social gestionadas por entidades del Tercer Sector. Así, se garantiza lo que la Junta había defendido como fundamental: que el obligado cambio de gestión en estas subvenciones se hiciera sin que las entidades del Tercer Sector de la Comunidad perdieran ni un solo euro de lo que venían percibiendo para estos fines y garantizara la continuidad en la atención a las personas más vulnerables.
La consejera ha asegurado que estos proyectos, financiados con 20,1 millones de euros con cargo a la asignación del IRPF, son un importante complemento a los casi 900 millones de euros que dedica la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a la financiación de las políticas sociales en Castilla y León.
Las decisiones del Consejo Territorial están en consonancia con el acuerdo firmado en Castilla y León entre la Junta y el Tercer Sector, que considera acertado el modelo mixto de gestión de las ayudas entre Estado y comunidades autónomas para la financiación de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF propuesta por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al tiempo que asume el compromiso de que la financiación derivada de la asignación tributaria del IRPF que recibiera Castilla y León se destinara a programas de interés general desarrollados por las entidades del Tercer Sector de la Comunidad.
Al mismo tiempo, se reclama que la financiación que reciba Castilla y León para el año 2018 para esta finalidad deberá ser, al menos, igual a la que han recibido las entidades del Tercer Sector de Castilla y León en 2017, 20 millones de euros, para garantizar la continuidad de los programas, respetando los objetivos, finalidades y sectores que venían siendo financiados, sin perjuicio de la parte de la asignación tributaria que se gestione directamente el Estado en base a sus competencias propias.
El acuerdo firmado establecía que se coordinarán y consensuarán, entre la Administración Regional y los representantes de las entidades del Tercer Sector, los programas que se financien con cargo de asignación tributaria del IRPF que reciba la Comunidad de Castilla y León con el resto de programas financiados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Para ello, se constituirá un equipo de trabajo mixto, formado por representantes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de las entidades del Tercer Sector. También se creará un grupo de trabajo que establecerá un marco de colaboración en el futuro para orientación, gestión y mejora de los programas.
Por último, el acuerdo abogaba por promover que las entidades del Tercer Sector puedan participar, a nivel nacional, en la determinación de la futura gestión de las ayudas para la financiación de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF así como en el establecimiento de criterios de reparto, programas o requisitos.
Acuerdos
Las subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del I.R.P.F. constituyen una vía esencial de sostenimiento de las ayudas públicas para programas de interés general. Esta financiación es muy importante para las entidades del Tercer Sector en Castilla y León ya que, durante 2016, ha financiado 353 proyectos de 118 entidades, entre otras finalidades para distintos programas de infancia y familia; jóvenes; mujeres; personas mayores; personas con discapacidad; situaciones de dependencia; problemas de drogodependencia; pueblo gitano; migrantes; personas afectadas por el VIH/SIDA; LGTB; personas reclusas y ex reclusas; personas sin hogar; personas en situación o en riesgo de exclusión social; personas desfavorecidas del medio rural, así como la promoción del voluntariado y de la participación social.
El Consejo Territorial ha acordado que la cuantía global de los créditos destinados a subvencionar programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF se distribuirá en dos tramos, uno estatal y otro autonómico. La distribución de los créditos guardará proporción con el porcentaje que efectivamente ha correspondido a cada Comunidad Autónoma en la resolución de concesión correspondiente a la convocatoria de 2016.
Estas subvenciones tienen por objeto programas de interés general para atender fines de interés social e irán destinadas a cubrir las necesidades específicas de asistencia social dirigidas a la atención de las personas en situación de pobreza y exclusión social o que se encuentren en otras situaciones de especial vulnerabilidad.
Para su concesión se tienen en cuenta criterios orientativos de valoración como que la estructura de la entidad sea adecuada para gestionar las actividades, que esté comprometida con los principios y criterio de la calidad, que someta su gestión a controles externos, que promueva la participación social y cuente con un número relevante de voluntarios para desarrollar los programas, que tenga un mínimo de dos años de experiencia, que realice programas innovadores y tenga experiencia en la gestión de programas sociales y el número de potenciales destinatarios a los que llegan sus programas.
