El conjunto de la Comunidad soportó una contaminación que daña los bosques y cultivos
Los 2,4 millones de habitantes de Castilla y León respiraron aire contaminado durante 2016. El Informe anual de Calidad del Aire de Ecologistas en Acción concluye que la totalidad de la población y del territorio de Castilla y León estuvieron expuestos a unos niveles de contaminación que superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. El cambio climático, el repunte del tráfico, el fraude en las emisiones de los automóviles y la apuesta por las energías sucias en detrimento de las renovables, entre las causas de un problema que afecta a la salud de la ciudadanía, pero también a los cultivos, bosques y espacios naturales.
El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 700 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre ellas 55 situadas en Castilla y León.
En lo que respecta a Castilla y León, entre sus principales conclusiones, destacan:
– En 2016, se ha producido una reducción general de los niveles de contaminación de partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono troposférico (O3) y dióxido de azufre (SO2), recuperando la senda decreciente iniciada en 2008 con la crisis económica. La contaminación generada desde las principales ciudades, las autovías y autopistas y las centrales térmicas del norte de León y Palencia se extiende por el territorio afectando a zonas más alejadas y rurales en la forma de ozono troposférico.
– El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia los valores máximos de contaminación recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación establecido por la Unión Europea. De acuerdo a esos niveles, el aire contaminado afectó en 2016 a la totalidad de la población y del territorio de Castilla y León.
– Si se toman los estándares de la normativa, más laxos que las recomendaciones de la OMS, no habría población que respiró aire contaminado por encima de los límites legales. No obstante, el objetivo legal del contaminante ozono se ha superado en la estación Renault 1, en Valladolid. Y la superficie expuesta a niveles de contaminación que exceden de los legalmente permitidos para proteger los cultivos agrícolas y los ecosistemas naturales alcanzó 19.000 km2, la quinta parte del territorio castellano y leonés, en la zona Sur y Este de la Comunidad.
– El ozono troposférico es el contaminante que presenta una mayor extensión y afección a la población, con unos niveles que se mantienen estacionarios o incluso al alza. Esto se debe al incremento de las temperaturas medias y de las situaciones meteorológicas extremas (olas de calor) durante el verano, como resultado del cambio climático. Durante 2016 sus niveles se han mantenido por encima de los de 2014 y por debajo de los de 2015, de manera que toda la población y el territorio de Castilla y León han seguido expuestos a concentraciones de ozono peligrosas para la salud humana y vegetal.
– El dióxido de azufre (SO2) en el aire afectó a la sexta parte de la población de Castilla y León, repartida entre la aglomeración de León y el entorno de las centrales térmicas del norte de León y Palencia. Sigue, por tanto, siendo una seria amenaza para la salud, a pesar de que el año pasado se recuperó la tendencia a la baja de este contaminante que se inició en 2008, con la crisis económica.
– El descenso de la contaminación del aire fue consecuencia en primera instancia de la coyuntura meteorológica, caracterizada por una menor estabilidad atmosférica, y en menor medida de la reducción de la producción eléctrica en centrales térmicas. No obstante, hay señales preocupantes: el repunte del tráfico por carretera (el consumo de combustibles de automoción en 2016 fue superior al de los cuatro años anteriores), el fraude en los sistemas de certificación de las emisiones de los automóviles o “dieselgate”, el aumento del consumo de electricidad (recuperando los niveles de 2008), y el abandono de las energías renovables.
– La contaminación del aire debería abordarse como un problema de primer orden, tal y como se deriva del Informe elaborado por Ecologistas en Acción. Cada año se registran más de 24.000 muertes prematuras en el Estado español por afecciones derivadas de la contaminación del aire, de acuerdo a las últimas estimaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente.
– Los costes sanitarios derivados de la contaminación atmosférica representan al menos 50.000 millones de dólares al año, un 3,5% del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar el coste de los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.
– La información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema.
– Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire para reducir la contaminación son obligatorios según la legislación vigente. Pero, en el caso del ozono, la Junta de Castilla y León lleva años omitiendo la elaboración y aplicación de dichos planes, en 2016 en la aglomeración de Valladolid y en la zona Sur y Este de Castilla y León, donde resultan preceptivos. Se trata de una negligencia que está poniendo en peligro la salud de 370.000 vallisoletanos y de buena parte de los cultivos y bosques de la región.
– Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire son la disminución del tráfico motorizado, la reducción de la necesidad de movilidad y la potenciación del transporte público. Es necesario además dar facilidades a la bicicleta en las ciudades. Así como la adopción generalizada de las mejores técnicas industriales disponibles y la reducción drástica de la generación eléctrica por centrales térmicas, en particular las que utilizan carbón (Anllares, Compostilla, La Robla y Velilla).
