Entre julio de 2016 y enero de 2017 se han destruido en León 1.135 puestos de trabajo en las administraciones públicas
Tras conocerse el último número del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, correspondiente a enero de 2017, el presidente de la Unión Provincial de CSIF León, Hipólito Riesco, denuncia que la destrucción de empleo en las administraciones públicas en la provincia de León refleja uno de los peores datos registrados desde el comienzo de la crisis.
La provincia de León había perdido en enero de este año un 11,54% del empleo público desde 2009, 3.762 puestos de trabajo, acentuándose así considerablemente la pérdida acumulada, que sólo seis meses antes suponía un 8% de la plantilla (unos 2.650 puestos de trabajo). La pérdida afecta fundamentalmente a la Administración Local, donde se han perdido 964 puestos de trabajo en este período –sin duda debido en gran parte a la reducción de los contratos temporales realizados con subvenciones de otras administraciones-; pero es significativa también en la Administración General del Estado e incluso en Educación no Universitaria.
Así lo denuncia el presidente provincial de CSIF León, Hipólito Riesco, que lamenta que “a pesar de todos los buenos augurios de recuperación económica, los servicios públicos de la provincia siguen perdiendo empleo, y muchos de ellos funcionan de forma precaria por falta de personal”. Por ejemplo, están vacantes el 80% de las plazas de los ingenieros técnicos y un 38% de los administrativos de las UDAs (Unidades de Desarrollo Agrario de las zonas comarcales), un 20% de bomberos de León, o un 15% del personal de la prisión de Villahierro. Asimismo, en la residencia de ancianos de Armunia, que podría acoger 198 usuarios y sólo da servicio a 95, “la escasez de empleados conlleva, aun así, que estén sobrecargados de trabajo, y vean con frecuencia denegados sus permisos y vacaciones “por razones del servicio”, informa CSIF.
“La falta de sustituciones de los empleados públicos, por bajas o por vacaciones, recorta derechos, crea sobrecargas de trabajo, o lleva a adoptar medidas como el cierre de camas en los hospitales de la provincia. Los profesores están sobrecargados de trabajo y la mayor parte de sus bajas no se cubren hasta transcurridos 15 días desde su inicio”, explica el presidente provincial de CSIF de León.
En la Administración Pública Estatal, subraya Hipólito Riesco, se han perdido en León 962 puestos desde 2010. Esta pérdida afecta a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, las oficinas del INSS, a la Tesorería General de la Seguridad Social, a Defensa (el 18% de la RPT de personal civil está sin cubrir), al centro penitenciario de Villahierro (falta un 15% de la plantilla, es decir 87 empleos), a Correos y Telégrafos (pérdida de un 20% de la plantilla), a la CIUDEN, que ha perdido el 66,66% de la plantilla (tiene ahora 142 trabajadores menos que en 2013). Incluso en el último semestre computado se han perdido 46 puestos en las Fuerzas Armadas, 7 en Justicia y 5 en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En cuanto a los empleados de la Junta de Castilla y León, se sigue perdiendo empleo entre los trabajadores de la Educación Pública no Universitaria, donde la cifra de 5.412 empleados públicos (entre profesores, auxiliares y administrativos) es la peor cifra registrada en muchos años en la provincia; y en la Administración General de la Junta son unos 252 los empleos suprimidos.
En definitiva, lamenta CSIF, excepto la Universidad, que recupera 21 puestos de trabajo, y la Sanidad, que suma 10 a los 6.263 empleados que tenía en julio de 2016, todos los sectores pierden empleo público en la provincia de León durante el último semestre de 2016, hasta sumar los 1.135 puestos perdidos. El saldo final de Empleados Públicos en la provincia queda en 29.122, cifra muy cercana a los 29.113 computados en enero de 2013, el peor dato de los últimos años en nuestra provincia.
Si a todo ello se añade que más de 3.500 plazas de empleados públicos de la provincia están ocupadas por interinos (más de un 30% de las plantillas de Sanidad, el 16% de Educación pública no universitaria o el 15% en Justicia), “está claro que es absolutamente urgente una intervención con carácter general de las administraciones, para recuperar el empleo perdido, dar estabilidad a las plantillas y permitir que los ciudadanos de nuestra provincia reciban unos servicios públicos realmente de calidad. No podemos permitir que se llegue al desmantelamiento generalizado y al colapso de los servicios públicos”, remata Riesco, para quien “es fundamental avanzar en las políticas de empleo dentro de las administraciones públicas y llevar a cabo las convocatorias resultantes del reciente Acuerdo para la Mejora del Empleo Público, que CSIF y otras organizaciones sindicales han alcanzado con el Gobierno”.
