Las cuentas se basan en una estimación de aumento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,7 %, una tasa media de paro del 12,2 %, un incremento del empleo del 2,8 % y un déficit del -0,4 % Las consejerías dispondrán de 8.333,4 millones de euros para desarrollar sus políticas el año que viene, 330 millones más que en 2017 de los que el 70 % van a Sanidad, Educación y Familia. Los tres departamentos sociales reciben 6.606 millones de gasto no financiero, la segunda mayor cuantía desde que se recibieron las principales transferencias. El impulso a las inversiones se consolida: crecen el 16,7 %, hasta los 620,7 millones, el porcentaje más alto de los últimos cinco ejercicios consecutivos.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha presentado esta mañana en Valladolid el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2018, el más elevado de la historia del Gobierno autonómico. Las cuentas de la Comunidad para el próximo ejercicio ascienden a 10.859,2 millones de euros, el 5,5 % más que éste, un montante que se dirigirá de forma prioritaria a reforzar los servicios sociales y apoyar a las empresas para el mantenimiento y la generación de empleo.
El documento aprobado hoy por el Consejo de Gobierno se remitirá a las Cortes para su tramitación parlamentaria antes del 15 de octubre, la fecha límite que establece el artículo 89 del Estatuto de Autonomía. Con ello, además de cumplir con un precepto legal, Castilla y León contribuye a la estabilidad política y económica de España. No en vano los Presupuestos constituyen el principal instrumento de cualquier gobierno para impulsar la actividad productiva y el empleo, dar certeza y seguridad jurídica a los agentes económicos y sociales y generar un clima de confianza en las instituciones.
Por otra parte y a diferencia de lo ocurrido con las cuentas de la Comunidad para 2017, la Junta ha dispuesto en plazo de todos los datos necesarios para confeccionar las del año que viene. Así, el pasado julio se aprobó el techo de gasto para los Presupuestos Generales del Estado de 2018; a finales de ese mes se reunió el Consejo de Política Fiscal y Financiera para informar los objetivos de déficit para el trienio 2018-2020, ratificados por el Consejo de Ministros del viernes 28, y acto seguido el Gobierno de España comunicó las entregas a cuenta a las autonomías.
28.000 nuevos empleos para avanzar hacia el objetivo del millón de ocupados
El Proyecto de Presupuestos se ha elaborado tomando como base los últimos datos y previsiones disponibles, que indican que 2018 va a ser el quinto ejercicio de crecimiento ininterrumpido del PIB. El cuadro macroeconómico recoge una subida del Producto Interior Bruto del 2,7 %, una décima por encima del anunciado con motivo de la presentación del techo de gasto; una tasa de paro media anual del 12,2 %; un aumento del empleo del 2,8 %, que se traduce en 28.000 puestos de trabajo adicionales y permitirá aproximarse al objetivo de legislatura del millón de ocupados, y un déficit público del -0,4 % que implica reducir el 33 % el autorizado para 2017.
Con estas mimbres se han tejido unas cuentas autonómicas por un importe global de 10.859.218.623 euros que, si bien es el 5,5 % superior al de este ejercicio y en términos absolutos equivale a 566 millones más, está condicionado por un ascenso de las operaciones financieras del 22,6 %. De ahí la relevancia que adquiere la cifra objetiva y real de los Presupuestos, los 9.577,5 millones de euros de gasto no financiero. Se trata de una magnitud 329,5 millones mayor que la de 2017 –en porcentaje, el 3,56 % más alta–, que además se eleva 2,3 millones de euros respecto a la aprobada por las Cortes el pasado 20 de septiembre. Este nuevo techo de gasto es básicamente el resultado de la diferencia entre el incremento de las transferencias del Estado y la disminución de los recursos procedentes de la UE, circunstancias ambas que están previstas como posibles causas de modificación en la normativa.
Precisamente y en consonancia con el compromiso de la Junta de avanzar en la consolidación fiscal como garantía de dinamismo económico y creación de empleo, el límite de gasto no financiero cumple plenamente con las tres condiciones que imponen tanto la Ley Orgánica de Estabilidad como la Ley de Estabilidad Autonómica: se ajusta al déficit del -0,4 %, respeta el límite de deuda del 20 % del PIB y es compatible con la llamada regla de gasto, al situarse por debajo de la tasa de referencia de la economía nacional del 2,4 %, según los criterios legalmente establecidos.
Las entregas a cuenta crecen el 6,2 % pero aún no cubren el gasto social
El análisis del estado de ingresos del Proyecto de Presupuestos para 2018 revela que, como es habitual, el grueso –en concreto, el 60 % del total– procede de las entregas a cuenta del modelo de financiación. Son 6.480,9 millones de euros, el 6,2 % más, cantidad que no incluye los 73,9 millones que el Ejecutivo autonómico está obligado a devolver cada año por las liquidaciones negativas de 2008 y 2009. Frente a esto, destaca la aportación positiva que tiene esta vez la liquidación de 2016, 395 millones de euros, un significativo aumento del 57,3 % que es consecuencia de la recuperación de la economía y del empleo durante ese ejercicio.
La sustancial mejora de lo que recibe la Comunidad por el modelo de financiación autonómica todavía es insuficiente para cubrir las necesidades de las tres consejerías sociales, que consumen 6.607 millones de euros, si bien el desfase se reduce a 126,1 millones. De ahí que el presidente Herrera insista en que la reforma del sistema, sobre la que ya existe un informe de la Comisión de Expertos creada al efecto, debe garantizar el núcleo esencial de los grandes servicios públicos y la igualdad efectiva de acceso a ellos de todos los españoles, con independencia del lugar donde residan.
Si se desmenuzan las entregas a cuenta asignadas a Castilla y León en 2018, se aprecia que su principal ingrediente es la recaudación por IVA, 2.064,1 millones de euros, el 5,48 % más. A continuación se sitúa el IRPF, que suma 1.810,6 millones pese a que desciende el 1,86 %, en lo que es un primer avance del efecto que se producirá a partir del 1 de enero por las exenciones a las rentas más bajas anunciadas por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. Sube el 5,45 %, hasta los 962,8 millones de euros, la aportación de los Impuestos Especiales, a la que contribuyen de manera esencial los 606,5 del de Hidrocarburos, el 8 % más. El Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales experimenta un aumento de 94 millones –que en porcentaje equivale al 11,7 %–, hasta alcanzar los 897,4 millones de euros, y el Fondo de Suficiencia se eleva el 4,5 % hasta los 424,7.
10 millones de recaudación prevista por el impacto de los residuos radiactivos
En segundo lugar figuran los ingresos presupuestarios por los tributos tradicionales y propios que gestiona la Junta, por los que se prevé recaudar 755,8 millones de euros, el 0,16 % más, lo que indica que los recursos que llegan por esta vía se encuentran prácticamente estabilizados. Se espera que Sucesiones y Donaciones incorpore 200 millones a los Presupuestos, fruto de un ligero incremento del 2,04 %; 195 millones llegarán del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, lo mismo que en 2017; Actos Jurídicos Documentados bajará el 9,09 %, hasta los 100 millones de euros, y por séptimo año consecutivo se cobrará Patrimonio, que se mantendrá sin variación con 38 millones. Para terminar este apartado, destacar que el Impuesto sobre la Afección Medioambiental de Determinadas Instalaciones incluye una estimación de recaudación de 10 millones de euros, de un total de 74, para gravar el impacto de los residuos radiactivos de carácter temporal.
El tercer puesto es para las transferencias del Estado y la UE. Son 2.112,1 millones, el 2,62 % más, de los que 924,4 están asociados a la Política Agraria Común (PAC). Le siguen en cuantía los 635,4 millones de euros de transferencias de todo tipo, que engordan el 4,6 %. A continuación figuran los 280,3 millones, el 1,7 % más, que entran en las arcas autonómicas por precios públicos, prestaciones de servicios, reintegro de operaciones e ingresos patrimoniales, entre otros aspectos. La lista se completa con 272 millones de euros de fondos europeos, que despegan el 8,3 % y corresponden al marco 2014-2020, cuyos Programas Operativos (PO) están aprobados. Coincidiendo con los últimos años del periodo se impulsa la ejecución de los PO del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), que suben en torno al 12 % y el 8,5 %, respectivamente, mientras que el PO del Fondo Social Europeo (FSE) decrece el 1,75 %.
En cuarto y último término figuran las operaciones financieras, que añaden 1.510,4 millones de euros, el 9,55 % más, debido fundamentalmente al incremento del 42,5 % en la deuda de reposición, que será de 1.113,8 millones en coherencia con el calendario de amortizaciones. Frente a esto el nuevo endeudamiento ascenderá a 314,8 millones de euros, el 25,5 % menos, fruto del ajuste al déficit del -0,4 %. El recuento se completa con 46,7 millones, de los que 45 derivan de la devolución por parte de las empresas de créditos que les fueron otorgados en su día. Los 35 millones de euros restantes son préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), concedidos a la Consejería de Economía y Hacienda justamente con el fin de apoyar proyectos de emprendedores a través de la Lanzadera Financiera.
51 beneficios fiscales para ahorrar 294,4 millones a los ciudadanos
Hay que señalar, asimismo, que en 2018 no sólo se mantienen los beneficios fiscales que se han venido aplicando durante este ejercicio, sino que se amplían para favorecer a las víctimas del terrorismo y de la violencia de género. Ambas ventajas están incluidas en el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, que también ha sido aprobado en el Consejo de Gobierno ordinario de hoy, una regulación que, como es habitual, acompañará al Proyecto de Presupuestos en su tramitación parlamentaria.
Las rebajas selectivas en los impuestos que gestiona el Gobierno autonómico tienen el propósito de respaldar a las familias, impulsar la creación de empleo, facilitar el acceso a la vivienda –en especial de los jóvenes y en el medio rural–, e incentivar la protección del patrimonio. Su aplicación supondrá un ahorro de 294,4 millones de euros para los contribuyentes de la Comunidad, ya sean particulares o empresas, que tendrán que hacer frente a una menor tributación efectiva.
Las consejerías recuperan mil millones en cuatro años para sus políticas
Al examinar el estado de gastos es preciso volver a los 9.577,5 millones de euros de techo máximo de gasto no financiero al que deben ajustarse los programas de la Junta. No todo estará a disposición de las consejerías, puesto que de esta cantidad hay que descontar los recursos de la PAC (924,4 millones), los reservados para abonar los intereses de la deuda (288,5 millones) y los dirigidos a financiar las instituciones de la Comunidad a través del Presupuesto de las Cortes (31,1 millones).
La operación anterior da como resultado 8.333,4 millones de euros, que es la partida que marca el verdadero gasto no financiero del Ejecutivo o, lo que es lo mismo, el dinero efectivo que van a manejar las nueve consejerías para atender sus políticas activas de gasto. Esta magnitud anota un crecimiento del 4,1 %, que en términos absolutos implica 330,5 millones adicionales.
En este punto, es oportuno remitirse a los proyectos presupuestarios de ejercicios anteriores para observar que el gasto efectivo encadena en 2018 la cuarta subida consecutiva y acumula un incremento superior a los mil millones de euros respecto a 2014.
La distribución de recursos plasmada en los Presupuestos evidencia que las políticas sociales continúan en el primer lugar de las prioridades fijadas por el presidente Herrera para la legislatura. Prueba de ello es que el 70 % del aumento experimentado por los créditos no financieros se concentra en las consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades, que en conjunto gestionarán 6.606 millones.
El segundo gasto social más alto de la andadura autonómica
Conviene resaltar que se trata de la segunda cifra más alta de la historia autonómica, si se toma como referencia la evolución presupuestaria del gasto social desde que se realizaron las principales transferencias a la Comunidad. De hecho, esa cuantía únicamente ha sido superior en 2010, y por sólo cinco millones de diferencia. Ahora bien, aquel año los recursos efectivos a disposición de las consejerías eran 900 millones superiores a los de 2018, lo que da idea del importante esfuerzo que hace la Junta en la actualidad.
Como viene siendo habitual y es ya una seña de identidad de las cuentas del Gobierno de Juan Vicente Herrera, los tres departamentos sociales por excelencia absorben el 80 % del gasto no financiero disponible para las nueve áreas ejecutivas y el 87 % de los recursos autónomos de carácter no financiero.
Si se atiende a su presupuesto total, el asignado a la Consejería de Sanidad asciende a 3.588,2 millones (sube el 3,2 %); el de Educación se eleva a 2.044,5 millones de euros (el 3,45 % más) y el de Familia e Igualdad de Oportunidades suma 974,3 millones (aumenta el 5,3 %).
Junto a los servicios públicos fundamentales, el texto refleja los otros dos grandes compromisos de legislatura: apuntalar el crecimiento del PIB y la creación de empleo de calidad y fortalecer el proyecto de Castilla y León como Comunidad.
Para contribuir al dinamismo económico se ponen al servicio de las empresas 207,4 millones de euros, ya sea en forma de ayudas directas (117 millones, el 4,1 % más), apoyos de carácter financiero (65,7 millones) o inversiones en suelo industrial (24,6 millones). Se contemplan además 35,7 millones cofinanciados por FEDER Y FEADER y 30 millones en préstamos reintegrables, que por primera vez sufragarán iniciativas de compañías asentadas en el territorio autonómico en materia de eficiencia energética y energías renovables. El catálogo incluye también avales hasta un importe máximo de 1.150 millones de euros.
La Consejería de Economía y Hacienda dispondrá de casi 367 millones para gestionar éstas y otras políticas de fomento de la competitividad del tejido productivo. Destaca de su presupuesto el descenso del 55,5 % de las operaciones financieras, motivado fundamentalmente por la gestión y amortización de un menor volumen de recursos BEI en relación a 2017. Con 54 millones para inversiones, el 13,5% más, podrá ejecutar los compromisos asumidos y los planes industriales de Renault y Nissan.
La I+D+i alcanza los 236 millones y el fomento del empleo cuenta con 304,5
Clave para continuar modernizando la economía de Castilla y León es avanzar hacia un nuevo modelo productivo que esté basado en la innovación. Por este motivo, el proyecto de Presupuestos para 2018 recoge un nuevo esfuerzo inversor en políticas de ciencia y tecnología, cuyos créditos repuntan de forma notable, el 7 %, hasta los 236 millones de euros. Esta cifra representa el 2,8 % del gasto no financiero de las consejerías, por lo que la Junta da un paso más hacia la meta del 3 % al término de la legislatura, en línea con lo comprometido por el presidente Herrera en su discurso de investidura, que fue posteriormente ratificado en el acuerdo de Comunidad por la reindustrialización, suscrito el pasado 29 de marzo.
El desarrollo de las políticas económicas se acompasa con las de fomento del empleo, que contarán con 304,5 millones de euros, el 4,1 % más, respetando el acuerdo asumido en el seno del Diálogo Social de reservar para este fin al menos 90 millones de fondos autónomos. Buena parte de estos fondos serán gestionados por la Consejería de Empleo, que contará con casi 297,3 millones, el 3,8 % más.
Para acelerar el pulso de la economía, las cuentas propuestas para 2018 están marcadas por el empuje inversor. El capítulo 6 de inversiones reales escala de forma decidida el 16,7 % hasta los 620,7 millones y fluye hacia todas las políticas de gasto: las de tinte social se potencian el 14,4 % y, el resto, el 18 % de media.
En el primer grupo hay que subrayar las partidas consignadas en el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias –ejecutadas por Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades–, que se nutre de 198 millones de euros. En el segundo apartado, son notables los aumentos del 44 % para obras en carreteras y del 36,7 % para regadíos y concentraciones parcelarias.
Agricultura registra la mayor subida para mitigar los efectos de la sequía
De este último cometido es responsable la Consejería de Agricultura y Ganadería, que con un presupuesto global de 476,1 millones anota la mayor subida entre todos los departamentos, del 8,8 %, y el segundo mayor incremento (del 7 %) si se consideran los créditos no financieros que va a gestionar (431,3 millones).
Este impulso a la dotación para el sector primario reafirma el compromiso de la Junta con el campo y el medio rural, que afronta las necesidades derivadas de un año climatológicamente adverso, marcado por los efectos de la sequía. Por ello, las ayudas a los seguros agrarios se refuerzan con el 15,2 %; a las explotaciones agrarias y ganaderas se destinan 45,7 millones de euros, el 12,8 % más, y en la modernización y rejuvenecimiento del sector se inyectan 40 millones, el 9,2 % más.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente es la que más eleva su gasto no financiero, el 8,95 %, pese a que el volumen total de su presupuesto (513,6 millones de euros) desciende ligeramente. Entre sus atribuciones figuran la conservación, mantenimiento, refuerzo y renovación de firmes y la seguridad vial en la Red Autonómica de Carreteras, que se acometerán con el 44 % más de inversiones que en 2017. Otra de las competencias de este departamento es la vivienda, con especial atención a las ayudas al alquiler para las personas y familias con rentas más bajas, que suben el 44 %.
Por último, a Cultura y Turismo le corresponden 126 millones de euros, el 4,8 % más, recursos con los que reforzará especialmente la política turística, la promoción de la actividad cultural y la conservación del patrimonio.
El tercer puntal de la hoja de ruta de la Junta para este mandato es la apuesta por el municipalismo y la cohesión territorial, que tiene su reflejo en los 296,3 millones de euros consignados para aportar estabilidad en la financiación de la Comunidad a las entidades locales. Esta partida, que crece el 2,35 % respecto a la de 2017, se desglosa principalmente en la cooperación económica general (77,9 millones) y en la sectorial (218 millones), recursos que repercutirán en servicios de más calidad para los habitantes del medio rural y en la lucha contra la despoblación. De la cooperación local general se encargará la Consejería de la Presidencia, que dispondrá de 125,2 millones de presupuesto, el 2,7 % más.
Asimismo, por segundo año consecutivo se incluyen en el proyecto legislativo como anexos las iniciativas previstas en el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros (que alcanzan los 19,9 millones) y en el Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la Provincia de Soria (por valor de 36,8 millones).
Mejora salarial a los empleados públicos y menor gasto en intereses
La clasificación económica del gasto revela que el capítulo 1 o de Personal consume 3.678,6 millones de euros, con un incremento del 1,5 %, que permitirá mejorar las retribuciones de los empleados públicos. La efectividad tanto de la subida salarial como de la oferta de empleo público –medidas contempladas en el texto articulado del proyecto de ley– queda supeditada a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado o a otra normativa que lo posibilite.
El capítulo 2 o de gastos corrientes contabiliza 1.430,4 millones, el 4 % más. De esta cantidad, el 94 % se destina al funcionamiento ordinario de hospitales y centros de salud; colegios, comedores y transporte escolar, y centros de mayores, entre otros.
Los gastos financieros, encuadrados en el capítulo 3, absorben 288,5 millones de euros. El 97 % se emplea en pagar los intereses de la deuda pública, mientras que el resto va a abonar los derivados de los préstamos de apoyo a las empresas y de algunas líneas de descuento a las que pueden acogerse los proveedores. Por cuarto año consecutivo la Comunidad reducirá su factura con bancos e inversores (el 0,75 %) debido al escenario de bajos tipos, pero también a la buena gestión de la cartera.
Las transferencias corrientes se nutren con 2.812,9 millones. Aumentan en 104 millones de euros con respecto a 2017 (el 3,9 %), un dinero extra que, como el grueso del capítulo 4 (sin contar la PAC), permite atender y reforzar el gasto social. De hecho, el próximo año más de 100.000 alumnos de la etapa obligatoria tendrán libros de texto gratuitos, casi el 50 % del total, gracias a que la partida para este fin engorda el 24 % hasta los 15,5 millones. También crece el 3,27 % la reservada para la Renta Garantizada de Ciudadanía (que llega a 79 millones de euros); el 13,5 % la correspondiente a las prestaciones de la Dependencia (dotada con 149 millones), y el 4 % la que atiende los pagos de la farmacia hospitalaria (601 millones de euros).
Las operaciones de capital, que fueron las grandes sacrificados durante los años más duros de la crisis en favor del mantenimiento de las políticas sociales y los servicios públicos, encadenan el quinto ejercicio al alza y registran un sustantivo incremento del 9,5 % hasta alcanzar los 1.367 millones de euros. A la fuerte escalada de las inversiones reales (del 16,7 %) se suma la de las transferencias de capital (del 4,1 %), lo que eleva al 12,6 % el peso conjunto de los capítulos 6 y 7 sobre el Presupuesto.
El capítulo 8, de operaciones financieras, computa 94,2 millones, una cifra que es el 14,2 % inferior a la de 2017. El descenso obedece a que en las cuentas de este año se contabilizó un préstamo de 75 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones dirigido a financiar el Plan de Crecimiento Innovador mediante apoyos reintegrables a las empresas, de los que 50 millones se van a ejecutar en lo que queda de ejercicio y los restantes 25 millones en 2018. Los activos financieros incluyen la dotación para la aportación de la Junta a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y 10 millones procedentes del BEI para financiar iniciativas de eficiencia energética y fuentes renovables.
Para finalizar, el capítulo 9 aglutina las operaciones de amortización de la deuda pública que vence en 2018, cifrada en 1.187,5 millones de euros. La mayoría de este gasto tiene un efecto neutro, porque es un pasivo que simultáneamente se amortiza y se repone.
