La gravedad y el dramatismo de los incendios forestales que se vienen produciendo estos últimos días -la mayoría de ellos provocados- lleva al sindicato CSIF a volver a reclamar a la Junta de Castilla y León la “urgencia” de crear un operativo anti incendios público que se mantenga todo el año, con personal suficiente y unas condiciones laborales reconocidas y dignas. Exige una ley marco de agentes medioambientales, o la creación del cuerpo que se integre totalmente en el 112 de Emergencias. Además, se insiste en la necesidad de reforzar el papel de los agentes medioambientales como policía administrativa y judicial, para investigar los incendios provocados.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige que la Junta cree ya un operativo real de prevención y extinción de incendios para todo el año, que sea un verdadero servicio esencial, como así está definido en la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León. Una petición “que se viene haciendo desde hace tiempo, con movilizaciones periódicas, y que este año se está evidenciando más urgente y necesario, tras el largo fin de campaña de incendios forestales que se ha vivido en Castilla y León este verano, a lo que hay que sumar una preocupante precampaña que prácticamente ha durado los seis primeros meses del año, y los numerosos fuegos producidos en este mes de octubre, debido a la veraniega climatología y a la manifiesta intencionalidad de los incendios”.
CSIF lamenta que “son muchos los trabajadores del operativo que denuncian que se han visto obligados a seguir de servicio, rozando la legalidad con interminables jornadas para cubrir las necesidades de extinción de incendios; mientras que muchos otros, paradójicamente, se iban al paro el pasado 30 de septiembre”.
La administración tiene que asumir “las alteraciones climatológicas que estamos viviendo y que, por desgracia, cada vez son más comunes, que provocan incendios durante todo el año, lo que exige una prevención adecuada y con una dotación de recursos suficientes, para extinguir con eficacia y contundencia los incendios en su inicio y no dejar que se extiendan”, afirma CSIF, que reclama que la inversión de la Junta en prevención se acerque, al menos, a la media de otras comunidades, “puesto que Castilla y León es la última en inversión por hectárea con 5 euros. Galicia 7 veces más, o Cataluña 14 veces más”.
Propone que las plantillas estén al 100% de ocupación, cubriendo todas las vacantes de todas las categorías del operativo de extinción de incendios por concurso-oposición. “Esto supone estabilidad y profesionalización para el personal de un servicio esencial, en el que se debe acabar con el actual empleo precario, con contratos de 3 y 4 meses como máximo, para trabajos con mucho riesgo, responsabilidad y peligro. Los contratos deben tener un mínimo de 6 meses, tendiendo progresivamente a durar los 12 meses del año”.
Para CSIF, es necesaria una ley marco de agentes medioambientales y una modernización y organización de estos y de los celadores de medio ambiente; o la creación del cuerpo de agentes medioambientales, que debe incorporarse de manera integral al 112 de emergencias. Además, dado su carácter de policía administrativa y judicial, se tiene que potenciar su papel y su trabajo en la investigación de los incendios provocados, y en las denuncias y atestados. “Todo esto es prevención”, reafirma esta organización sindical independiente.
“Defendemos la formación en seguridad y el establecimiento de la segunda actividad para la plantilla de la Junta de Castilla y León, que está envejecida por la falta de Oferta de Empleo Público. No es de recibo que personal que ha dado los mejores años de su vida en la extinción de Incendios se tenga que ir a la calle por un reconocimiento médico a los 50 años,”, critica CSIF.
“Creemos necesaria la creación de la categoría de bombero forestal (como existe en Andalucía, Galicia, La Rioja y Extremadura); o bien el reconocimiento de unas brigadas de emergencia, como hay en la Comunidad de Valencia”, recalca. La modernización de los vehículos, que han quedado obsoletos, y de los medios materiales, que son insuficientes y no han sido repuestos en los últimos 10 años, es otra de las “urgentes reivindicaciones que afectan a la operatividad de las acciones anti incendios y a la seguridad de los trabajadores”.
En definitiva, CSIF exige la actualización del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL), de 1999; la modificación del Real Decreto 893/2013 sobre la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales; y la mejora de las condiciones y refuerzo de la plantilla de empleados públicos, que ahora es mucho más escasa y está envejecida.
El sistema ‘flexible’ que parece defender la Junta de Castilla y León no garantiza la consolidación de empleo de calidad, vinculado a la propia defensa contra los incendios forestales y al medio rural, según CSIF, como sí ocurre en comunidades vecinas como Extremadura, La Rioja o Galicia. “En CSIF queremos un servicio que asuma la prevención y defensa contra incendios forestales de forma integral, estable, pública, que esté debidamente formado y dimensionado, y que permita consolidar el empleo del personal afectado que desempeña estas peligrosas funciones, que afecta a los agentes medioambientales y forestales, celadores, conductores, bomberos forestales fijos-discontinuos e ingenieros forestales y de montes”.
