Ana Marcello, diputada de Unidos Podemos por León, ha registrado unas preguntas, en la tarde de ayer en el Congreso, con respecto a las políticas de subvenciones estatales a las centrales térmicas de carbón y su adecuación , en cuanto a ejecución de gastos y cumplimiento de objetivos se refiere, dentro del espacio medioambiental europeo.
Todo ello a raíz de la apertura por parte de la Comisión Europea (según fuentes periodísticas) de una investigación sobre el régimen de ayudas a España a centrales de carbón por reducir emisiones contaminantes, con un desembolso de unos 440 millones de euros.
La Comisión sostiene que la ejecución en España de esa subvención medioambiental a las centrales de carbón (las que mas CO2 emiten al producir electricidad) no produjo ningún efecto incentivador. El motivo es que los límites de emisión que se imponían a los beneficiarios coincidían con las normas medioambientales de la UE; es decir no había ningún valor añadido. La ayuda se otorgaba simplemente por cumplir la ley y no por hacer un verdadero esfuerzo a una reducción de emisiones contaminantes. Las normas europeas impiden ese comportamiento, contrario al principio de quien contamina, paga. Amortiguar esos pagos con dinero público representa una ventaja competitiva desleal respecto a las empresas que están obligadas a cumplir la normativa sin ninguna ayuda.
Por lo tanto en la batería de preguntas registradas se solicita:
1- La identificación de las centrales beneficiarias y el desglose de los importes concedidos por el Gobierno para subvencionar a las centrales de carbón (período 2007 hasta 2017).
2-La determinación del sistema de incentivos para apoyar la instalación de nuevos filtros de óxido de azufre y el parámetro de cálculo para la asignación.
3-Determinar los límites de emisión que establecía la Comisión Europea en el período referido (2007 a 2017) y señalar los límites de emisión impuestos a las centrales de carbón beneficiadas por el Gobierno en el mismo período.
4- Se solicita al Gobierno que se pronuncie acerca de la sanción ante la posible ilegalidad en la asignación de estos incentivos.
5-Por último, se pregunta al Gobierno acerca de las medidas que adoptará en caso de que resulte condenado por la Comisión Europea, para que se pueda ejercer el derecho de repetición contra las centrales beneficiarias y así proceder a la devolución de los incentivos ilegalmente percibidos.
