Para que los ayuntamientos dispongan de los puntos de transferencia de residuos antes del 30 de noviembre
La institución provincial ha aprobado ya las bases para que los ayuntamientos soliciten las ayudas para acometer las obras con el objetivo de que “a comienzos de febrero” se hayan recibido todas las peticiones municipales
La Diputación aportará el 90% del presupuesto total de cada punto de transferencia hasta un máximo de 10.000 euros
La Diputación impulsa el Plan Provincial de Residuos Inertes con la aprobación de las bases de la convocatoria de subvenciones para que los ayuntamientos soliciten la financiación adecuada para llevar a cabo la construcción de las plantas de transferencia de residuos de demolición para que todas las localidades que lo deseen tengan áreas habilitadas que permitan una gestión adecuada de los escombros.
Las bases se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia a mediados del mes de enero a partir del cual los ayuntamientos tendrán un plazo de 15 días hábiles para poder solicitar el número de plantas que deseen en sus municipios. El objetivo es que “a comienzos de febrero” se hayan recibido las peticiones municipales y tener todas las instalaciones ejecutadas antes del próximo 30 noviembre.
“Queremos dar una solución a los ayuntamientos para preservar el medio ambiente evitando la proliferación de escombreras con los residuos que se generan en las pequeñas construcciones y demoliciones”, remarca el presidente de la Diputación, quien recordó que, en el año 2018, la institución provincial cuenta en el presupuesto con una dotación de 3,92 millones de euros para ejecutar este plan.
Este Plan, dotado en 10 millones de euros en tres años, se enmarca dentro del convenio que la Diputación de León firmará “a lo largo de enero” con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que se encargará del “sellado y restauración” de las escombreras existentes, tal y como aprobó recientemente el Consejo de Gobierno de la Junta.
La Diputación de León aportará el 90% del presupuesto total de ejecución hasta un máximo de 10.000 euros, por lo que los ayuntamientos tendrán que sufragar el 10% restante.
Una de las ‘condiciones’ que se exigen a los ayuntamientos es que el punto de tratamiento de residuos esté ubicado “en un lugar viable urbanísticamente”, al tiempo que se establecen unas condiciones ‘mínimas’ que debe reunir, entre otros, el espacio: superficie de 130 metros cuadrados para ubicación de los contenedores; una valla perimetral; una puerta de acceso de vehículos con 5 metros de anchura; así como un cartel de normas para el uso de la instalación.
250 peticiones
La institución provincial ya remitió hace unos meses una carta a todos los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes en el que se manifestaba su compromiso de dar una solución a la gestión de residuos. “A esta primera carta, que puede servir como encuesta inicial, respondieron algo más de 130 ayuntamientos que manifestaron la necesidad de poner en marcha 251 plantas de transferencia”, enfatizó Juan Martínez Majo.
“También”, prosiguió, “colaboraremos con los ayuntamientos, que son los que tienen la competencia, en cómo gestionar estas plantas de transferencia para que los residuos tengan la valorización adecuada” a través de los gestores autorizados.
Los ayuntamientos beneficiarios podrán solicitar un anticipo del 100% de la ayuda
