El PP y Cs ocultaron el requerimiento del Ministerio exigiendo la presentación previa de las cuentas. El Grupo Socialista pidió la presencia del interventor en la comisión pero el equipo de gobierno se negó.
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de León ha solicitado un informe a los servicios económicos y jurídicos del Ayuntamiento de León sobre las consecuencias que, para la ciudad, puede tener la omisión de la obligación de remitir al Ministerio de Hacienda del anteproyecto de Presupuesto Municipal.
El Grupo Socialista cursó esta petición esta misma mañana tras conocer en la Comisión de Hacienda la existencia de un requerimiento de la Secretaría de Estado de Hacienda recordando al Ayuntamiento su obligación de remitir, con carácter previo a su aprobación, las cuentas para 2018 y recordando también que, a fecha 13 de noviembre, no se habían remitido aún las cuentas de 2017.
“Es preciso que los equipos jurídicos y económicos del Ayuntamiento nos expliquen qué consecuencias puede tener, si el presupuesto municipal puede ser anulado o si, como deja entrever el Ministerio, se pueden establecer medidas coercitivas contra el consistorio que pudieran, incluso, llevar al bloqueo de las cuentas municipales y a la intervención del Ayuntamiento por falta de cumplimiento de la normativa y por incurrir en una grave daño”, explican los ediles socialistas.
El portavoz José Antonio Diez precisó que estamos, de nuevo, ante una muestra más de pésima gestión y de inobservancia de las obligaciones de tramitación correcta de las cuentas municipales. “Ya no es solo el incumplimiento de los plazos legales. Esta situación va mucho más allá cuando aparecen requerimientos del Ministerio de Hacienda exigiendo el cumplimiento de obligaciones legales obviadas sistemáticamente y de forma consciente, y ocultando información importante a la oposición a la hora de tramitar y aprobar los presupuestos”, recalca Diez.
El portavoz socialista explicó que el PSOE pidió reiteradamente, en la comisión, que el interventor municipal acudiera a la misma para explicar estas consecuencias legales que pudieran derivarse de este incumplimiento normativo, algo que fue rechazado por el equipo de gobierno. La obligación surge del plan de ajuste que, por otro lado y como hemos denunciado en numerosas ocasiones, es reiteradamente incumplida por los gestores de PP y Ciudadanos.
La Comisión no analizó tampoco las enmiendas presentadas por el Grupo Municipal Socialistas el pasado martes por lo que no han sido dictaminadas previa a su debate en pleno, como sería correcto.
