Los procuradores del grupo parlamentario Podemos CyL Ricardo López Prieto y Carlos Chávez se han reunido esta mañana con la plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León para poner en su conocimiento la iniciativa que el grupo ha registrado en la que se reclama a la junta los siguientes puntos:
1º. Crear y regular una Red Autonómica de Parques de Bomberos con base comarcal, dotándola de la infraestructura, presupuesto y personal suficientes para el desarrollo de sus fines y de los mecanismos organizativos necesarios de dirección y coordinación.
2º. Crear y regular el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con salvaguarda de las situaciones de los actuales empleados públicos que se adscriban al mismo y con el objetivo de incrementar progresivamente el personal.
3º. Mantener un diálogo permanente con las plataformas y organizaciones representativas de los bomberos de Castilla y León para la óptima implementación de las anteriores iniciativas.
Desde el año 2007 cuando se aprobó la Ley de Protección ciudadana y se contemplaba el impulso de unos servicios de emergencias amparados en nuestro Estatuto de Autonomía, la Junta ni ha creado un cuerpo público y profesional ni ha desarrollado el estatuto del bombero ni ha reconocido la profesión con una denominación propia.
Nadie se imagina que tuviésemos una policía mitad pública y mitad privada, con algunos funcionarios y muchos voluntarios velando por nuestra seguridad. Y, sin embargo, eso es lo que ocurre con los bomberos. El modelo de la Junta es un modelo medio privado medio voluntario que, en nuestra opinión, no cubre el alto nivel de riesgo que se puede producir.
Mientras que un servicio integral público y profesional como el de Valladolid, con cinco parques para toda la provincia, 91 bomberos, todos ellos funcionarios y una cobertura de todos los rincones en 20 minutos, cuesta 4,8 millones; el PP tiene como modelo el servicio privado que quiere impulsar en León que, contaría con 75 bomberos, de los cuales solo 6 serían profesionales públicos, y 6 parques con un coste de más de 8 millones de euros. Por lo que se evidencia que lo público no solo es más eficiente sino también más barato.
De acuerdo con el art. 71.1.16º de nuestro Estatuto de Autonomía, Castilla y León tiene competencias legislativas y ejecutivas en materia de protección civil, “incluyendo en todo caso la regulación, planificación y ejecución de medidas relativas a las emergencias y la seguridad civil, así como la coordinación y formación de los servicios de protección civil, entre ellos los de prevención y extinción de incendios”.
Los servicios de prevención y extinción de incendios de Castilla y León adolecen de numerosos problemas. Esta Plataforma así como diversas organizaciones profesionales del sector han denunciado reiteradamente la falta de medios personales y materiales para hacer frente a las labores de extinción. El actual régimen dual, articulado en torno a los servicios municipales obligatorios en los grandes municipios y la actuación residual de las diputaciones provinciales no responde satisfactoriamente a la singularidad geográfica de Castilla y León y, en particular, redunda en una deficiente atención a los pequeños municipios.
La organización de los servicios de prevención y extinción de incendios de nuestra Comunidad se caracteriza por una excesiva fragmentación de las modalidades de prestación. Por un lado, la privatización de algunos servicios y el recurso abusivo al voluntariado merman la cohesión del sistema y precarizan las condiciones de trabajo del personal. Por otro, Castilla y León carece de un instrumento de ordenación que evite la rígida compartimentación de los servicios de prevención y extinción de los incendios urbanos y forestales.
