El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, y la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández, han firmado esta mañana un convenio para intensificar la colaboración entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de cara a agilizar el acceso temporal a una vivienda a aquellas personas y familias en situación de vulnerabilidad o exclusión social y contribuir así a su integración social. El parque público de viviendas en alquiler social dispone en la localidad de Ponferrada de 8 viviendas, de un total de 124 en toda la provincia de León, repartidas en 34 municipios.
El convenio se enmarca en el protocolo de colaboración firmado el pasado mes de noviembre entre las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y Familia e Igualdad de Oportunidades, junto con la Federación Regional de Municipios y Provincias, para gestionar de forma coordinada el parque público de viviendas destinado a cubrir situaciones de vulnerabilidad o exclusión social. El convenio incide en facilitar al ciudadano la gestión del recurso mediante su solicitud a un solo organismo, sin reenvíos ni necesidad de acudir a ninguna otra instancia.
La vivienda constituye un elemento fundamental para la integración social de las personas y familias, elemento que se acentúa en los casos de especial vulnerabilidad social, donde la falta de vivienda o la pérdida de ésta por circunstancias sobrevenidas, unido a otros factores de desventaja social, incrementa el riesgo de exclusión social. Por este motivo en determinadas situaciones se hace necesaria la intervención de los sistemas de protección social para que, desde un enfoque integral, se pongan en marcha medidas específicas de apoyo en el ámbito de la vivienda dirigidas a minimizar el impacto que estas circunstancias tienen en estas personas y familias.
Así, los Centros de Atención Social (CEAS) del Ayuntamiento de Ponferrada a los que acudirá el ciudadano valorarán las situaciones de riesgo de exclusión social de las personas o familias y acreditarán la necesidad de acceso a una vivienda en régimen de alquiler social, dando directamente traslado de la petición a la Junta de Castilla y León a través del Servicio Territorial de Fomento, y así dar lugar a la actuación singular solicitada.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente mantendrá informados permanentemente y de forma actualizada a los servicios sociales sobre el número de viviendas disponibles, tanto en Ponferrada como en la provincia de León, información que trasladarán a los interesados, dándoles el asesoramiento y orientación profesional necesarias para formalizar su solicitud a través de la Red de Protección a las familias afectadas por la crisis. El sistema consigue el intercambio de información y de gestión conjunta entre la Junta y Ayuntamiento en favor de una gestión del servicio público más rápida y eficaz sin que el ciudadano que se encuentra ante una situación de necesidad tenga que acudir a otra instancia u oficina que no sea el CEAS correspondiente.
Por su parte, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades facilitará el acceso a la información y al alquiler social de una vivienda del parque público de viviendas a las personas vulnerables, principalmente cuando la interlocución que lleva a cabo el Servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio no resuelva la situación de impago y la persona pierda su vivienda habitual; en el caso de víctimas de violencia de género con pocos recursos económicos, y en los casos de familias con menores de edad que presentan carencia de medios económicos con difícil empleabilidad y dificultades para acceder a una vivienda en alquiler. Además, como responsable de la Red de Protección a las familias, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades va a coordinar a nivel regional la gestión de aquellas solicitudes de vivienda dirigidas a un municipio distinto al de origen, como pueda ser el caso de una mujer víctima de violencia de género sin recursos que precise por sus circunstancias de una vivienda en otra provincia.
De igual manera, ambas administraciones constituirán una Comisión de Seguimiento para velar por el cumplimiento de los objetivos del convenio, que tendrá una vigencia inicial de cuatro años.
Parque Público de Alquiler Social
El Programa de Vivienda Social en Castilla y León, cuyas líneas maestras son fruto del Diálogo Social, se centra en el fomento del alquiler como eje prioritario sobre el que se viene sustentando la política de vivienda en esta legislatura; concretado, en primer lugar, con el mantenimiento y ampliación de las convocatorias de subvenciones al alquiler mediante un apoyo decidido a las personas con rentas más bajas y complementado con la creación de un parque público de viviendas en alquiler social, entendido como servicio público de interés general.
El parque público de alquiler social dispone actualmente de 1.765 viviendas, de las que 124 se encuentran en la provincia de León -repartidas en 34 municipios-, estando 8 de ellas en Ponferrada.
Este parque de alquiler social se nutre de viviendas incorporadas de distintas procedencias: las propias de la administración autonómica desocupadas y reservadas para colectivos en riesgo de exclusión social; otras cedidas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb); las incluidas en el Programa Rehabitare, que son cedidas por los Ayuntamientos a la Junta para su rehabilitación y posterior alquiler en el medio rural; y las viviendas de protección pública propiedad de Somacyl que actualmente se ofrecen en régimen de alquiler con opción a compra. A ellas se añade una nueva línea para la reutilización de casas parroquiales en desuso, que son cedidas por los Obispados para su destino al alquiler social mediante convenios que se están firmando con la Consejería.
La política de vivienda social de la Junta de Castilla y León se completa con la convocatoria de ayudas al alquiler con un decidido apoyo a las rentas más bajas, a las que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente destinó 14,7 millones de euros en 2017, alcanzando a 10.553 beneficiarios, de los que 2.298 lo fueron en la provincia de León.
Igualmente, la Consejería inició el pasado mes de febrero el pago de las subvenciones y ha puesto en marcha el mecanismo de la ‘repesca’ de los 2.235 solicitantes que figuraban en la lista de espera en Castilla y León.
Plan Estatal de Vivienda
Además, la Conferencia Sectorial de Vivienda aprobó el pasado 15 de marzo el reparto entre las comunidades autónomas de los 1.443 millones de euros que destinará el Estado al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Castilla y León recibirá 77,9 millones, lo que supone un incremento del 25 % respecto al anterior periodo.
Por su parte, la Junta de Castilla y León aportará otros 24 millones de euros, logrando así una inversión de 101,7 millones de euros para alquiler y rehabilitación, cantidad “histórica”, según calificó el consejero de Fomento y Medio Ambiente al término de la Conferencia Sectorial de Vivienda, ya que permitirá atender las necesidades que se determinen en el marco del Diálogo Social.
Servicio Integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio
El Servicio Integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio, que está a punto de adquirir el carácter de prestación esencial y de derecho subjetivo a través de la Ley de la Red de Protección que en breve va a aprobarse, ha atendido a 5.227 familias en Castilla y León en los cinco años que lleva funcionando, promoviendo acuerdos con las entidades financieras para afrontar o reestructurar las deudas de estas familias o facilitando fórmulas alternativas a la perdida de la misma. Junto a esto, se acompaña a estas familias en el proceso de búsqueda de soluciones ante las circunstancias adversas que están viviendo, facilitándoles al mismo tiempo el acceso a los recursos que pudieran necesitar.
Todas esas familias atendidas han recibido información y asesoramiento no solo en lo relativo a la insolvencia hipotecaria y a cómo afrontarla, sino también respecto a cómo acceder a otras prestaciones y servicios. En este sentido, se han llevado a cabo 2.352 actuaciones de derivación con 1.012 familias para que pudieran beneficiarse de otros servicios o sistemas de protección como empleo, vivienda, salud, justicia gratuita, CEAS o Tercer Sector. Destaca de forma especial que, en 956 casos en Castilla y León, se ha concedido la Renta Garantizada de Ciudadanía a raíz de la intervención del Servicio.
En cuanto a los 2.561 casos en los que se ha llevado a término una interlocución con la entidad financiera, los resultados indican que en 1.156 casos, casi la mitad, se consiguió una reestructuración de la deuda; en 155 ocasiones, la dación en pago; en 481 casos se alcanzaron acuerdos de otra índole, como de no ejecución, suspensión de lanzamiento, venta, supresión clausulas suelo o bajada de tipo interés, y en 342 casos no fue necesario llevar a efecto interlocución iniciada por producirse una mejora de situación. Para el resto de los casos se proporcionaron otros apoyos sociales.
La importancia de la actuación protectora de este servicio se aprecia en el hecho de que ninguna familia atendida por este servicio tuvo que afrontar un desalojo forzoso. También en la alta tasa de efectividad del servicio ya que en más de un 83 % de los casos se completa la interlocución con las entidades bancarias con resultado positivo, y en el resto, cerca de un 17 % de los casos, la solución llega a través de otros apoyos sociales. A esto se suma el alto grado de cobertura logrado en relación a las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas de particulares en Castilla y León, ya que desde 2016 el número de casos atendidos supera con mucho las ejecuciones hipotecarias iniciadas; y por último, por su impacto, ya que Castilla y León es la Comunidad con mayor reducción de procedimientos de ejecución hipotecaria, el 46 % en 2016, superando con amplitud la media nacional de reducción que es del 31 %.
Este dato está en consonancia con el descenso de la entrada de casos en el Servicio Integral de apoyo que ha experimentado un descenso en su demanda de más del 26 % en las oficinas locales, y del 19 % en la Oficina central.
Otras medidas de la Red de Protección de apoyo en vivienda
Dentro de la Red de Protección, y en relación con el apoyo a la vivienda, se incluyen también otros tipos de ayudas. Una de ellas es la prestación económica frente a situaciones de deuda hipotecaria, que es una ayuda dirigida a atender de forma temporal y mientras dure la situación de urgencia social, la cuota hipotecaria así como otros gastos específicos derivados de la situación, como gastos derivados de la reestructuración, levantamiento de embargos o gastos de desalojo. Desde que se creó, y hasta la actualidad, se han concedido este tipo de prestaciones a más de 3.000 familias por un importe de más de dos millones de euros.
Junto a ello, está la prestación económica frente a situaciones de deuda por alquiler de vivienda habitual, que es una prestación para el pago de alquileres en el caso de que las familias en situación de vulnerabilidad se encuentren en alquiler. En estos años ha constituido un tercio del total de las ayudas económicas que se conceden, suponiendo aproximadamente el 40 % de la cuantía total del gasto destinado a estas ayudas. De 2013 a 2017 las familias que han recibido ayudas para alquiler son casi 17.134 por un importe de algo más de 12 millones de euros.
