La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades está desarrollando, junto con los ayuntamientos de León, Salamanca y Valladolid la Diputación Valladolid, la Universidad de Valladolid y EAPN, el proyecto europeo PACT de innovación en Servicios Sociales, investigación en soluciones innovadoras y mejoras en la atención a las personas en riesgo de exclusión, cuyos resultados permitirán perfeccionar el funcionamiento de esta Red, orientando el sistema hacia la prevención y la proactividad. Los datos de la Red de Protección relativos a 2017 señalan que descendieron las prestaciones sobre necesidades relativas a subsistencia, a la entrega de alimentos y Renta Garantizada de Ciudadanía y se incrementaron notablemente las prestaciones profesionales, como las de servicios de información y orientación laboral o las de apoyo técnico a personas vulnerables, además de aumentar también las prestaciones de acceso a la vivienda o al suministro de necesidades básicas.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha participado en la jornada técnica ‘El proyecto europeo PACT de innovación en servicios sociales’, diseñada para difundir este programa europeo de investigación social entre corporaciones locales, entidades del Tercer Sector, del Diálogo Social y de las universidades de la Comunidad, todo ellos socios de la Junta de Castilla y León en el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública.
PACT, siglas en inglés de ‘Modelo de gestión proactiva del caso’ es un proyecto vinculado al programa europeo de empleo e innovación social. La Unión Europea seleccionó y decidió cofinanciar el proyecto presentado por Castilla y León, entre más de 1.300 solicitudes, y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades está liderando este proyecto de investigación en asociación con los ayuntamientos de León, Salamanca y Valladolid, la Diputación de Valladolid, la Universidad de Valladolid y EAPN Castilla y León.
La consejera se ha referido a que, a través del proyecto PACT, se están investigando mejoras en la atención a las personas en riesgo de exclusión que son atendidas a través de la Red de Protección. En concreto, la investigación se está desarrollando en tres planos: en primer lugar, en el plano organizativo, a través de la red colaborativa público-privada; en segundo lugar, en el plano profesional, con modelos y herramientas de intervención que hagan posible un enfoque más basado en las potencialidades de las personas para empoderarlas y, en tercer lugar, en el plano tecnológico, usando ingeniería de datos y otras técnicas para orientar en sistema hacia la prevención y la proactividad. En estos momentos, el proyecto está en su fase de investigación para lo que se está trabajando en estos tres planos con 184 casos de personas que perciben Renta Garantizada de Ciudadanía. Al final de la intervención, se compararan los resultados entre este grupo de estudio y otros casos con el fin de comprobar si existen diferencias significativas en cuanto a la integración sociolaboral entre las personas con las que se ha trabajado en este proyecto y el resto de casos de comprobación. Hay cien profesionales de entidades públicas y privadas trabajando en ello.
Aunque los datos concretos de este proyecto de investigación no se tendrán, previsiblemente, hasta finales de año, Alicia García ha señalado que todo indica que apuntarán, por un lado, a que el sistema más inteligente en el futuro será aquel capaz de detectar los riesgos y oportunidades antes de que se presenten, es decir, que los sistemas realmente eficientes serán los que actúen preparando y no solo reparando. En este sentido, la consejera se ha referido a que estas investigaciones son muy importantes porque la información acumulada en el sistema de servicios sociales unida al uso de ingenierías de tratamiento de datos podría en un futuro permitir detectar con mayor precisión riesgos y oportunidades para las personas.
Junto a esto, el conocimiento compartido entre entidades públicas y del Tercer Sector para alinear en una misma dirección la experiencia de todos los profesionales como mejor respuesta a las personas se está materializando a través de la Red de Protección, para la que se han habilitado herramientas como el manual de intervención, la historia social, herramientas de diagnóstico de la exclusión a través de varias dimensiones, el plan de caso colaborativo entre entidades y un software compartido para la atención en red. La Junta creó la Red de Protección en Castilla y León en el marco del Diálogo Social y en coordinación con las entidades del Tercer Sector para dar atención a las familias afectadas por la crisis. Desde entonces, han sido muchas las mejoras en los programas de la Red para atender de forma eficaz a las personas y a las familias más vulnerables. Esta Red se consolidará y ampliará sus actuaciones mediante una Ley que se tramita en estos momentos en las Cortes de Castilla y León.
La Red de Protección en 2017
En 2017, la Red de Protección atendió a 190.539 personas, 6.400 más que en 2016. La Junta destinó a esta Red, en 2017, 191 millones de euros, lo que supone un incremento de 8 millones de euros respecto al año anterior. El análisis de los diferentes tipos de prestaciones que ofrece la Red de Protección ofrece los siguientes datos en 2017.
Descienden las prestaciones relacionadas con la subsistencia. En 2017, se atendió a través de este tipo de prestaciones a 110.945 personas, lo que supone un descenso del 1 %, respecto a 2016, en el que se atendió a 112.090 personas. Dentro de este tipo de prestaciones de subsistencia, descienden las personas que han necesitado ser atendidas a través de la Renta Garantizada de Ciudadanía, un 4 %, de 38.060, en 2016, a 36.643 personas, en 2017; descienden un 3 % las personas que han necesitado atención a través de ayudas para necesidades básicas de urgencia social, de las 30.776, en 2016, a las 29.827, en 2017, aunque el descenso más acusado, con un 14 %, se experimenta en el servicio de entrega de alimentos, tanto el urgente como el ordinario, que pasa de ser requerido en 2016 por 27.013 personas a las 23.145 de 2017, 3.868 menos.
Lo que más aumenta son las prestaciones profesionales, un 20 %, pasando de atender a 46.690 personas en 2016 a las 59.586 en 2017. En este ámbito, se incrementa un 25 % el uso del servicio de información y orientación laboral a personas desempleadas, que pasa de atender a 10.360 personas en 2017 a las 13.012 personas en 2017. Crece también el uso de los servicios de apoyos técnicos para personas vulnerables que pasan de 37.040 usuarios en 2016 a 39.120 usuarios en 2017, un 6 % más.
También crecen las prestaciones destinadas a favorecer el empleo, un 2 % con un total de 20.008 personas apoyadas para promover su empleabilidad en 2017 frente a las 19.600 de 2016. En estos programas de empleo destacan los contratos de inserción, que han permitido la contratación de 5.570 personas, un 13 % más que en 2016, y también el programa personal de integración y empleo, que apoyó a 636 personas, 438 más que en 2016, duplicando el apoyo ofrecido en 2016.
Aumentan programas como el de medidas dirigidas a favorecer el acceso a la vivienda, que pasa de los 8.870 en 2016 a los 10.643 en 2017, lo que supone 1.773 personas más atendidas, o las prestaciones económicas para necesidades básicas de la vivienda como luz o agua, que atendieron a 8.916 personas en 2016 y a 10.076 en 2017, 1.160 personas más.
