El ayto de León ha anunciado recientemente su interés por crear un área Funcional Estable junto a otros 15 municipios de su área metropolitana, siguiendo los cantos de sirena, el dinero, y la legislación de la Junta de CyL.
Estas Áreas Funcionales Estables permitirán a la Junta planificar sus políticas y concretar qué actuaciones son necesarias en esos espacios territoriales, a través de la aprobación de las correspondientes directrices de ordenación de ámbito subregional. Desde la perspectiva de las políticas municipales, estas Áreas constituirían el ámbito territorial sobre las que, en un futuro puedan constituirse las Mancomunidades de Interés General (MIG) que mediante acuerdos de financiación con la Junta servirán para desarrollar una parte muy importante de las competencias propias de los Ayuntamientos mancomunados. Esto, de facto trasladará la capacidad de gestión de los consistorios a la mancomunidad, limitando su autonomía a la hora de ofrecer servicios en su municipio.
Por todo lo anterior, puede resumirse que estamos ante la aplicación práctica de la Ley de Ordenación del Territorio pactada por el PP y el PSOE la pasada legislatura. Por este motivo se ve claramente un diseño bipartidista del control de los órganos de gestión de este nuevo mapa territorial. También se contempla la aplicación futura de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que en su redacción recoge competencias de coordinación en cuestiones claves, como son la gestión de la recogida y tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) o del agua potable, de modo que, a medio plazo, se acabe convirtiendo a las MIG en Consorcios Provinciales de Servicios participados mayoritariamente por las Diputaciones.
Este proceso de centralización de los servicios de competencia municipal en las manos de los grupos políticos mayoritarios de los Ayuntamientos de mayor población de las Áreas Funcionales Estables supondrá una intolerable pérdida de autonomía para los pequeños municipios. Además, este proceso que derivará en la constitución de consorcios provinciales permitirá un centralismo alrededor de las Diputaciones que, como poco, es escasamente democrático. La Diputación es una administración de elección indirecta cuyos responsables políticos no son elegidos por sufragio universal, que suplanta y tutela a los pequeños Ayuntamientos, limitando su capacidad de autogobierno y reduciendo parte de la financiación a la que tienen derecho y que, al igual que las áreas funcionales, deslegitima el modelo comarcal tradicional en el que se integran y reconocen los 211 municipios de la provincia de León. El modelo comarcal puede actuar como fórmula natural de Ordenación del Territorio y herramienta para compartir recursos entre municipios de manera que mejoren sus servicios sin intermediarios o imposiciones por parte de ninguna Comunidad Autónoma.
De facto, estando a 23 de abril es mucho más grave, el Ayuntamiento de León pretende asumir ese papel de “Diputación” en el territorio afectado por el área funcional. Pretende hacer el juego a la Junta, pero sobre todo puede asumir como propia la gestión de servicios mancomunados en 16 municipios desde el consistorio de la capital, convirtiendo el territorio comprendido por 16 municipios en una especie de “estudio de mercado” que permitiría planificar, más bien legitimar, tanto políticas de inversión autonómica como, al mismo tiempo, de centralización de la gestión en un ente supramunicipal, así como la privatización de los servicios que disfruten de beneficios o de recorte y cierre de aquellos que sean deficitarios. Si se aplican las leyes vigentes en materia de ajuste financiero y control del gasto podemos encontrarnos con una nueva herramienta para conocer qué zonas rurales sacrificar, fomentando su definitiva despoblación, y cuales potenciar como un posible negocio privado a causa de los dividendos que ofrece. Este área funcional de nuevo cuño sería una experiencia “piloto” hacia estos objetivos.
La ley brinda las mancomunidades como «herramienta» para «generar economías de escala». Las economías de escala pueden generar ahorro económico, pero, especialmente, generan acumulación y control económico por parte de unas pocas grandes empresas, incluso multinacionales del sector o fondos buitre, siendo negativo para el desarrollo económico de las pequeñas empresas de las localidades que son las que, en muchos casos, venían prestando esos servicios de proximidad. En la exposición de motivos de la ley se establece que se “debe garantizar el cumplimiento de las exigencias impuestas desde el punto de vista presupuestario, con especial atención a los principios de suficiencia financiera”. Mucho nos tememos que esto implicará no solo recortes de servicios, sino aumentar exponencialmente la privatización y concentración de los mismos en unas pocas grandes multinacionales que serán las únicas que podrán ofertar un “precio competitivo” para cubrir toda un área metropolitana o incluso una provincia, rebajando los salarios de sus trabajadores y trabajadoras y empeorando las condiciones del servicio. La privatización de los servicios públicos a grandes multinacionales, no sólo se concluye de los términos mercantiles utilizados en la normativa (economía de escala, suficiencia financiera, costes efectivos, etc.), sino del diseño funcional, puesto que esta normativa lo que facilita es que una sola empresa concentre y monopolice a gran escala los servicios de un amplio territorio. En el artículo 50, sobre la constitución de los consorcios provinciales de servicios generales, se propone que haya un solo consorcio para la prestación de servicios generales en cada provincia. Aquí está el trasfondo y la finalidad de las áreas funcionales: la creación de monopolios de servicios en los que algunas grandes empresas privadas han visto el negocio y la salvación en estos tiempos de crisis. El ayuntamiento de León quiere su parte en este “negocio” y por eso apuesta por este modelo de concentración de poder.
Otro problema es que se blinde el bipartidismo en las Mancomunidades, que van a tener como órganos de gobierno las Asambleas de Concejales y el Consejo Directivo (formado por miembros de la Asamblea de concejales y elegidos por ésta y el Presidente elegido de entre los miembros de la asamblea de Concejales). En las Asambleas de Concejales, por cada municipio, participarán, si son solo dos representantes designados por el pleno, uno a propuesta del grupo político que ostente la alcaldía, y el segundo a propuesta del grupo político en la oposición que haya obtenido más votos en las últimas elecciones locales o, de no existir, del grupo político que ostente la alcaldía. De este modo, parece quedar claro que PP y PSOE, a pesar de las encuentas, se pueden seguir asegurando ser ellos quienes controlen y gestionen estas Asambleas. Y dado que para el Consejo Directivo de estas mancomunidades de interés general se elegirá un número de representantes propuestos por cada grupo político, proporcional al porcentaje de representación que cada uno tenga en la Asamblea de Concejales, es evidente el blindaje del bipartidismo donde de verdad se va a gestionar el día a día de muchos servicios básicos no puede traer nada bueno. Es imprescindible que los representantes en todos los órganos de gobierno de las Mancomunidades y de las Comisiones Provinciales sean de todo el espectro político elegido por la ciudadanía y no sólo de los grupos mayoritarios que consagra un bipartidismo herido que quiere perpetuarse con este tipo de Leyes. El ejemplo de las mancomunidades actuales donde participa León es esclarecedor, mayoría absoluta y veto a la participación de los grupos minoritarios. Un área funcional de 205.000 habitantes donde la ciudad de León aporta 126.000 deja claro quien será el gran beneficiario de este modelo centralista “de negocio”.
