Para extender a las entidades locales el desarrollo de estas actuaciones y de la experiencia de la Junta en materia de contratación pública socialmente responsable, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y la FRMP de Castilla y León han firmado un convenio de colaboración que incluirá formación específica, difusión de prácticas que sirvan de modelo o dar a conocer las obligaciones de la nueva Ley de Contratos Públicos. Junto a la incorporación de cláusulas sociales, en 2017 la Junta adjudicó también más de 5,3 millones de euros mediante reserva de contratos a centros especiales de empleo y empresas de inserción, lo que supone un 10,6 % de la adjudicación, muy por encima del 6,8 % fijado como objetivo en el nuevo Acuerdo aprobado en esta materia. Los centros especiales de empleo en Castilla y León dan trabajo a 5.462 personas con discapacidad en 2017, un 11,8 % más que el año anterior.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, y el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, Alfonso Polanco, han firmado un convenio de colaboración para el impulso de la actividad administrativa de responsabilidad social en las administraciones públicas de Castilla y León.
Alicia García se ha referido a que se trata de un acuerdo con el que se da cumplimiento a un reciente compromiso del presidente Juan Vicente Herrera, que apostó por firmar un acuerdo con la FRMP para facilitar la implantación de políticas de contratación pública socialmente responsable en las entidades locales. Junto a esto, este acuerdo se enmarca en la reciente aprobación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que impulsa una contratación más social y más solidaria, y en el convencimiento de la importancia estratégica de este tipo de contratación para promover objetivos sociales y generar un crecimiento económico más inteligente.
La consejera ha señalado que, a partir de la experiencia de la Junta y en colaboración con la FRMP, se quiere avanzar tanto en la ampliación del número de administraciones que desarrollen estas actuaciones de responsabilidad social como en el aumento de las actuaciones que impulsen objetivos sociales en las diversas manifestaciones del gasto público.
A través del convenio firmado, se desarrollarán iniciativas en tres ámbitos: en primer lugar, con formación específica en materia de responsabilidad social para empleados públicos, para un mejor conocimiento de las herramientas disponibles y que así las puedan incorporar a la gestión administrativa; en segundo lugar, se difundirán y divulgarán las mejores prácticas de las administraciones para que sirvan de modelo a través de la constitución de un banco de buenas prácticas común o una red de enlaces web; junto a esto, también se formará a los profesionales de las entidades locales en las obligaciones que introduce la nueva Ley de Contratos del Sector Público y se constituirá un grupo de trabajo para la elaboración de directrices, documentación o guías de uso común que facilite a las entidades sociales la implantación de aspectos sociales en la contratación, en las subvenciones o en otras áreas del gasto público.
La contratación pública socialmente responsable en Castilla y León
Castilla y León fue y está siendo una comunidad pionera en España en impulsar una contratación socialmente responsable. Ya en 2012, el Gobierno autonómico estableció una cuota obligatoria del 6,5 % del total adjudicado reservada a contratos destinados a centros especiales de empleo. Junto a esto, se establecieron directrices vinculantes para incorporar en los contratos cláusulas sociales acordes con la naturaleza de los contratos.
Si en 2012 este tipo de contratación socialmente responsable dio sus primeros pasos en la Comunidad, ha sido en la actual legislatura, en 2016, cuando se ha dado un paso decisivo para incrementar el acceso al empleo de las personas con discapacidad y los colectivos más vulnerables. Para ello, se aprobó un nuevo acuerdo con importantes novedades, como elevar del 6,5 % al 6,8 % la reserva de contratación, y se amplió la reserva de contratos, además de a los Centros Especiales de Empleo, como hasta ahora, también a las empresas de inserción laboral; se crearon los proyectos de inserción socio-laboral para fomentar la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social con ocasión de la tramitación de contratos del sector público; y se puso en marcha un ‘Banco de buenas prácticas’ para asesorar y orientar en la aplicación de las cláusulas sociales.
Alicia García ha señalado que se van a seguir dando pasos en este sentido a través de la aprobación de un acuerdo en materia de responsabilidad social para adaptar la nueva regulación de la Ley de Contratos para que todos los contratos tengan una cláusula social, medioambiental o de innovación; ampliando los porcentajes de reserva; apostando por cláusulas que incorporen la calidad en el empleo, la igualdad de género y la eliminación de la brecha salarial; incorporando proyectos de inserción socio-laboral en las obras a partir de una determinada cuantía o trasladando la filosofía de la contratación administrativa socialmente responsable al ámbito de las subvenciones públicas.
Resultados de la contratación pública socialmente responsable en Castilla y León
El nuevo acuerdo contempla destacadas líneas de actuación, como la reserva de contratos para centros especiales de empleo y empresas de inserción y la incorporación de aspectos sociales a los contratos en general.
En primer lugar, y respecto a la aplicación de la reserva de contratos a centros especiales de empleo y empresas de inserción, el nuevo acuerdo establece que los contratos reservados representarán, en cómputo global anual, el 6,8 % del presupuesto total adjudicado en el ejercicio inmediatamente anterior para el conjunto de actividades susceptibles de ser desarrolladas por centros especiales de empleo y empresas de inserción.
En todo el año 2017 se han adjudicado mediante reserva de contrato a centros especiales de empleo y empresas de inserción contratos por un importe total de 5,34 millones de euros, cantidad que supone un porcentaje del 10,6 % de media en el conjunto de consejerías, respecto del presupuesto total adjudicado en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior en el conjunto de actividades susceptibles de reserva, muy por encima del 6,8 % objetivo del último acuerdo.
Si tenemos en cuenta el dato acumulado desde la entrada en vigor del primer acuerdo, desde el 1 de septiembre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2017, se han adjudicado más de 2.150 contratos reservados por importe de 30,6 millones de euros, y una media del 15,7 % respecto al total adjudicado.
A 31 de diciembre de 2017, en Castilla y León se contabilizan 209 centros especiales de empleo, frente a los 190 de 2012, que dan trabajo a 5.462 personas con discapacidad, lo que supone un incremento del 11,8 % en el número de trabajadores con discapacidad de los centros especiales de empleo respecto a finales de diciembre de 2016, y de más de un 41 % respecto a 2012, en el que se contabilizaban 3.872 trabajadores con discapacidad.
Por su parte, las empresas de inserción en Castilla y León son 12 y dan trabajo a 127 trabajadores de inserción, lo que supone un incremento del 14,4 %
En lo que se refiere a las actividades de los contratos objeto de reserva, destacan algunas como servicios de lavandería, de limpieza, de mantenimiento y gestión de instalaciones, servicios comerciales diversos, venta y distribución de productos, servicios de imprenta o servicios de jardinería y forestales.
Respecto a la aplicación de la incorporación de cláusulas sociales, de toda la contratación ordinaria realizada por el conjunto de las consejerías se incorporan cláusulas sociales en los pliegos de contratos cuyo importe asciende a 600 millones de euros, lo que representa más del 72 % de los contratos adjudicados y el 81,9 % de la cuantía contratada, lo que supone superar en más de dos puntos porcentuales a los resultados de 2016. Esto supone igualmente que la incorporación de cláusulas sociales se aplicó de manera generalizada y afectó a cuatro de cada cinco contratos de la administración.
