Pablo Fernández e Isabel Muñoz han mantenido una reunión con el colectivo para escuchar sus propuestas
Valladolid.El portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla y Léon ha anunciado que mediará con el resto de fuerzas políticas con el objetivo de encontrar solución al conflicto en el que se encuentran los 753 médicos interinos, “en situación de abandono por parte de la Consejería de Sanidad”.
La prioridad es que no llegue a convocarse la huelga planteada para el 1 de agosto y que desde Podemos han calificado de “catastrófica”, ya que la mayoría de los médicos afectados ejerce su labor en el ámbito rural. “Si el principal problema de Castilla y Léon es la despoblación, no se puede echar a los profesionales sanitarios”, ha defendido Fernández. Además, ha hecho hincapié en que, de convocarse dicha huelga, afectaría al periodo en el que más poblados se encuentran los municipios rurales, el estival. Una coyuntura “excepcional requiere de una medida excepcional”, ha asegurado.
Pablo Fernández ha criticado que los más de setecientos médicos interinos continúen en estado de “alegalidad” y ha defendido la reclamación del colectivo para “la consolidación de los empleos”. Al mismo tiempo, ha recordado que en cuestión de años se jubilará gran parte de ellos, con lo que menguará su número.
El portavoz ha querido poner en valor el trabajo de los profesionales, quienes han “mantenido a flote la Sanidad Pública”, especialmente “en el medio rural”, mientras son sometidos en algunos casos a hasta “cuatro concursos de traslado en 17 años”. Ha culpado a la Consejería de Sanidad de actuar como “una estatua de sal” y de dispensar a los médicos un trato que “no se merecen”, ya que los está “despreciando y denostando”. Así mismo, ha recriminado el consejero, Sáez Aguado, que se encierre en su “torre de marfil” ajeno a la herencia que dejará después, “la Sanidad en estado de emergencia”.
Tras la reunión mantenida con los médicos interinos, en la que han estado presentes tanto Pablo Fernández como Isabel Muñoz, portavoz de Sanidad, Podemos Castilla y León se ha comprometido a estudiar las propuestas presentadas y a comprobar su viabilidad jurídica, así como a establecer los contactos oportunos que faciliten el desbloqueo de la situación.
