Después de horas prestando declaración en comisaría, la Policía nacional ha dejado en libertad a los implicados en la trama ‘Enredadera’ de San Andrés y Villaquilambre. En concreto, tras los registros practicados esta mañana en ambos ayuntamientos del alfoz leonés, quedaban detenidos los alcaldes, la socialista María Eugenia Gancedo y el popular Manuel García, así como varios de sus concejales y algún técnico municipal.
En concreto, han quedado en libertad los concejales de San Andrés Santiago Blanco (edil de Hacienda) y Miguel Ángel Flórez (teniente de alcalde), así como el concejal del PAL-UL y responsable de Medio Ambiente en este ayuntamiento, Francisco Gómez. En Villaquilambre, ha salido de comisaría la concejala del PP Mónica Varón y el técnico responsable de los servicios informáticos.
A última hora de la tarde, después horas en la comisaría, los agentes de la UDEF decidían dejarles en libertad, según el abogado defensor de ambos alcaldes, Fernando Santocildes, «sin cargos», dado que «no había ninguna diligencia judicial que así lo dictaminara». El letrado considera, de hecho, que los agentes se han extralimitado en sus funciones ya que «la única instrucción que tenían era localizarles para proceder al registro de las dependencias policiales». El propio abogado admite que «ha sido una detención policial instrumental». Es más, recuerda que el caso ha sido especialmente sangrante con el alcalde de Villaquilambre, ya que la policía ha pasado por alto «que se trata de un aforado» dada su condición de procurador en las Cortes autonómicas.
Según vaticina Santocildes quedará claro que «no hay nada ilegal». Mantiene que en el Ayuntamiento de San Andrés no se ha firmado ningún contrato con la empresa investigada, la catalana Gespol, y que en Villaquilambre solo hay un contrato menor «de 12.000 euros» para el que se presentó únicamente la citada compañía como candidata a adjudicataria.
El único concejal que permanece retenido en San Andrés es Juan Carlos Fernández, de Ciudadanos, también diputado provincial. Esta persona, junto a Sadat Maraña, asesor de la formación naranja en la institución provincial, tendrán que prestar declaración ante el juez que instruye el caso desde un juzgado de Badalona, al igual que hará el considerado por la Policía como ‘cabecilla de la trama’, el empresario leonés, José Luis Ulibarri.
