PP, PSOE y Ciudadanos convierten la provincia de León en «la capital de la corrupción» y ahora el PP añade «la capital de la represión» para evitar el derecho democrático de la ciudadanía a informarse en los plenos, como ha sucedido está mañana impidiendo policialmente a la ciudadanía el acceso al pleno público sobre las conexiones del Alcalde del PP, Antonio Silván, con la trama de corrupción denominada «Enredadera-Ulibarri».
Está claro que el Partido Popular tiene que ocultar muchas cosas cuándo impone una represión salvaje impidiendo el acceso a la ciudadanía a un pleno municipal de acceso libre en el que se va a abordar la presunta corrupción del actual equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de León vinculado a la trama Enredadera-Ulibarri.
Un pleno en el que han impedido acceder a decenas de personas que se encontraban en el Consistorio desde las 8 de la mañana (1 hora antes de que diese comienzo este pleno extraordinario) y a la que han expulsado, usando en algunos casos la fuerza policial, con la excusa de que no cabía más gente en la sala cuando, posteriormente se supo que se había llenado de antiguos cargos del PP y afines a este partido, que llegaron a aplaudir las intervenciones del alcalde sin expulsión del pleno ni represalia de ningún tipo, mientras representaciones de colectivos en lucha (Vestas y Ayuda a Domicilio) y de partidos políticos no afines al PP tenían que esperar en la calle sin poder acceder a la sesión para escuchar las explicaciones que Silván debe a toda la población, y que como cabía esperar, no se produjeron.
Esta es la transparencia y la democracia que aplica el Partido Popular de los sobres en B, de las llamadas de teléfonos a empresarios durante licitaciones públicas, del reparto de subvenciones a medios de comunicación afines, y de las múltiples conexiones con tramas delictivas. El primer partido en democracia enjuiciado por corrupción. Un partido que no nos representa a la ciudadanía y que debemos echar cuanto antes de todas las instituciones.
Es intolerable este nivel de represión que instaura el Partido Popular para tapar lo que ya se ha convertido en un clamor en todo el país y que los jueces están investigando ahora también por toda la provincia de León, convirtiendo a León en la capital de la corrupción, en vez de la capital de la gastronomía, a no ser, claro, por los «chorizos» que gobiernan en nuestras instituciones.
