Izquierda Unida pedirá a las Administraciones públicas la expropiación de las instalaciones, maquinaria y producción almacenada en Vestas, si la multinacional no reconsidera su decisión de abandonar el polígono de Villadangos, como compensación inicial a todas las subvenciones recibidas y a los más de 90 millones de euros que debe al fisco español.
Asimismo, propondrá analizar la viabilidad de garantizar la producción y el empleo, asumiendo la gestión pública de la fábrica con el apoyo de los trabajadores y trabajadoras, si éstos así lo consideran.
La dirección provincial de Izquierda Unida de León ha estado con los trabajadores acampados delante de Vestas para mostrar su apoyo y solidaridad con una plantilla que ha entregado su trabajo y esfuerzo durante años a una multinacional sin escrúpulos que ahora les deja tirados sin ningún tipo de miramientos para desplazarse a explotar a otros trabajadores en otros países en condiciones más precarias con el único fin de obtener aún más beneficios.
Este es el capitalismo salvaje que han promovido el PP y que ahora abandera Ciudadanos y éstas son las dramáticas consecuencias que viven las cientos de familias que son echadas a la calle de forma directa y la repercusión en miles de familias vinculadas a servicios para la fábrica, así como la profundización de la desindustrialización de nuestra provincia con una «empresa golondrina» más que, una vez saqueadas las subvenciones del dinero de todos los contribuyentes, alza el vuelo para ir a saquear el siguiente territorio. Así es como engordan las cuentas y sus dividendos los accionistas que gestionan este mercado de la explotación y sus acólitos políticos que lo permiten y promocionan.
Izquierda Unida pedirá a las Administraciones públicas la expropiación de las instalaciones, maquinaria y producción almacenada en Vestas si la multinacional se mantiene en su decisión de abandonar el polígono de Villadangos, tras haber recibido 15 millones de euros en subvenciones públicas, más la cesión de terrenos casi regalados y los más de 90 millones de euros en reclamaciones de la Agencia Tributaria por impuestos de los ejercicios 2006 a 2009. No se pueden seguir anunciando, desde los gobiernos regionales del PP y nacional del PSOE, que se dan más subvenciones a empresas que se deslocalizan cuando han obtenido un 40% más de beneficios. Lo que hay que hacer, como les exigen los Comités de Empresa y los sindicatos, es derogar las dos reformas laborales que impusieron ambos partidos, que son las que amparan estas políticas de empleo a costa de los trabajadores y trabajadoras.
Por eso, Izquierda Unida propondrá a las Administraciones públicas que, en este caso, garanticen la producción y el empleo, asumiendo la gestión pública de la fábrica con el apoyo de los trabajadores y trabajadoras, si éstos así lo consideran. Sería una forma de asegurar el empleo de toda la plantilla y la continuidad de la producción de componentes eólicos que tanta demanda tienen actualmente en todo el mundo pues la apuesta por las energías renovables es una demanda en auge. Ya hay experiencias en este sentido en Portugal, Argentina y otros países donde, ante situaciones similares, los trabajadores se han hecho cargo de las empresas con el apoyo público del Estado y las Administraciones.
Esto se haría conforme al artículo 128 en su apartado 2 de la Constitución, que permite esta intervención para preservar el interés general de un servicio esencial y mantener el empleo en la zona, estableciendo que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general» y, dado que la Constitución reconoce «la iniciativa pública en la actividad económica», afirmando taxativamente que «mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general».
Ya está bien de que el capitalismo sea el único principio rector de las políticas públicas de nuestros dirigentes políticos y empiecen a hacer políticas para el bien común pensando en la clase trabajadora, apoyando e impulsando iniciativas económicas para el beneficio de la clase trabajadora y no de las multinacionales cazasubvenciones.
