Castilla y León marca una hoja de ruta para la nueva PAC estableciendo como prioridades la garantía de la financiación y la contribución de esta política a la lucha contra el despoblamiento de las áreas rurales. Los nuevos desafíos europeos y la salida del Reino Unido exigen incrementar la financiación de los estados miembros al presupuesto de la Unión para no debilitar la Política Agrícola Común.
La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha tenido un encuentro esta mañana con la directora de Agricultura de la Comisión Europea, María Ángeles Benítez Salas, en la sede de la Dirección general de Agricultura en Bruselas, para presentar a la Comisión Europea la posición de la Comunidad de Castilla y León ante la futura Política Agrícola Común (PAC) que entrará en vigor en 2020.
Benítez Salas ha tutelado en la Comisión Europea tanto la consulta pública sobre el futuro de la PAC en el primer semestre de 2017, como la Comunicación de la Comisión del 29 de noviembre de 2017 sobre el futuro de los alimentos y de la agricultura y las propuestas normativas que el 1 de junio de 2018 fueron aprobadas por la Comisión Europea para su debate y aprobación por el Consejo de Ministros de la Unión Europea y el Parlamento Europeo.
Castilla y León presenta un trabajo respaldado por la sociedad
Marcos ha destacado ante la Comisión la implicación de la sociedad castellana y leonesa con la Política Agrícola Común y lo que necesita para que esta política sea una referencia en el proyecto de construcción europea.
Castilla y León es una región europea en la que el sector agrario y alimentario tiene un peso importante, el diez por ciento de su PIB. Esta participación del sector agrario en la Comunidad autónoma es el doble que la que tiene este sector a nivel nacional y cuatro veces la media europea. Con un volumen de valor de la producción de más de 5.000 millones de euros al año, procedente de las aproximadamente cien mil explotaciones con las que cuenta, tiene un apoyo de la PAC de 1.100 millones de euros de media anual y esta financiación supone una compensación de aproximadamente el 40 % de la renta de sus agricultores y ganaderos.
Castilla y León está muy activa en la construcción de la nueva PAC. El 5 de abril de 2017 se remitieron a la Comisión Europea aportaciones a la consulta pública, consensuadas con las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas agroalimentarias de la Comunidad, orientadas a una política europea que sirva de base para el desarrollo económico de las áreas rurales y el mantenimiento de estos espacios en el territorio de la Unión.
Conocida la Comunicación de la Comisión Europea, se ha trabajado de forma coordinada en Castilla y León, construyendo una posición de Comunidad ante el futuro de la PAC, que asumieron el 12 de marzo de 2018, todos los grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León, las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas agroalimentarias, los sindicatos y la confederación de organizaciones empresariales, las asociaciones de mujeres rurales, asociación de jóvenes, redes rurales, asociaciones sectoriales agrarias y colegios profesionales.
La consejera está trasladando esta demanda de Castilla y León a la futura PAC a las instituciones que participarán en el proceso de aprobación de la nueva normativa. Hoy, en concreto, a la Comisión Europea.
Necesidad de una política europea con financiación
La posición de Comunidad establece como prioridad evitar la renacionalización de esta política, para que siga siendo europea y permita el desarrollo de esta actividad económica de una forma equilibrada en toda Europa. Para ello es primordial mantener como mínimo la financiación actual de la PAC. Las ayudas directas deben seguir procediendo íntegramente del presupuesto europeo y Europa debe seguir trabajando por sus agricultores y ganaderos y por el desarrollo rural.
La Comisión Europea ha planteado una reducción de la financiación de la PAC, tanto en el paquete de ayudas directas como en el desarrollo rural, más acusada en este segundo pilar de la PAC. Para Castilla y León es inasumible este planteamiento por el gran reto que tiene la agricultura en Europa que es asegurar alimentos sanos, seguros y asequibles para los consumidores y por ser la política de desarrollo rural la única que existe para las áreas rurales procedente de fondos europeos. Todo ello, teniendo en cuenta que la agricultura es la principal actividad económica en estas zonas, dirigida a la sostenibilidad y que contribuye a reducir los efectos del cambio climático.
La consejera de Agricultura y Ganadería ha defendido que, aún con la necesidad de abordar nuevos retos en la Unión, como la seguridad o la inmigración, la sociedad debe saber que la agricultura europea sigue siendo la base de la alimentación de más de 500 millones de habitantes en la UE y contribuye al abastecimiento de una parte importante de la población mundial. Por eso, ha insistido en que la PAC no puede pasar a un segundo plano en las políticas europeas y los Estados miembros deben aumentar la contribución al presupuesto de la Unión para desarrollar los nuevos desafíos y compensar el déficit que plantea la salida del Reino Unido, sin debilitar la PAC. También ha pedido una definición más clara del beneficiario de la PAC, el agricultor genuino, que trabaja y vive de la agricultura.
Actuaciones estructurales y regulación de la cadena alimentaria
La nueva PAC debe contar con un segundo pilar fortalecido, con actuaciones de desarrollo rural dirigidas claramente a las infraestructuras agrarias y a las inversiones para conseguir explotaciones competitivas, además de recuperar la financiación global y la actual tasa de cofinanciación, que han sido reducidas en la propuesta de la Comisión. El regadío, tanto en la modernización de los existentes como la creación de nuevos, debe contemplarse en el nuevo periodo, con una concepción de ahorro de agua y eficiencia energética.
También la nueva PAC debe asegurar una regulación europea de las relaciones entre los distintos eslabones de la cadena alimentaria, la regulación de la cadena de valor, para fortalecer las relaciones contractuales y la transparencia, con figuras estandarizadas de observatorios de precios y costes de producción.
La simplificación no puede esperar
La consejera ha remarcado que “de una vez por todas, debemos conseguir que la PAC sea más sencilla tanto para los agricultores como para las administraciones que la gestionan”. Ha pedido a la Comisión un mayor esfuerzo en simplificar los requisitos exigidos, que puedan cumplirse y que tenga en cuenta que en ocasiones no hay alternativas para prácticas agrarias.
Más de cincuenta alegaciones a las propuestas de la Comisión
La consejera ha adelantado a la Comisión que Castilla y León va a hacer aportaciones a la propuesta normativa que presentó el pasado 1 de junio, que regulará la PAC a partir de 2020. Más de cincuenta modificaciones se han tratado internamente en la Comunidad con los actores que elaboraron la posición común y han sido remitidas al Ministerio de Agricultura de España para reforzar la posición española.
