Estas ayudas facilitan el acceso a financiación de los titulares de explotaciones agrarias que sufrieron pérdidas y daños en sus producciones por los fenómenos climáticos adversos de la campaña 2016-2017. Esta línea, junto a otras medidas, permite a los agricultores y ganaderos garantizar sus ingresos y dar certidumbre a sus producciones.
El Boletín Oficial de Castilla y León publica mañana la Orden de la Consejería de Agricultura y Ganadería que regula las ayudas que concederá a los agricultores y ganaderos de la Comunidad en forma de bonificación de los intereses generados por los préstamos preferenciales que suscriban con las entidades financieras que colaboran en el desarrollo de la línea de ayuda contra la sequía y otras adversidades climatológicas.
Estas ayudas, dotadas con 10,7 millones de euros, tienen como finalidad facilitar el acceso a la financiación de los titulares de explotaciones agrarias ante las pérdidas y daños sufridos en las producciones por fenómenos climáticos adversos acaecidos en la campaña agrícola 2016-2017.
Las ayudas se concederán durante el periodo 2018-2023, con la siguiente distribución de anualidades: 1.100.000 euros para este año, en 2019 se distribuirán 2.800.000 euros, 2,9 millones de euros será el importe de las ayudas en 2020, para 2021 se destinarán 1,3 millones de euros y, en 2023, el importe de las ayudas será de 500.000 euros.
Los beneficiarios de las mismas son los titulares de explotaciones agrarias inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León (REACYL), que hayan formalizado un préstamo preferencial al amparo de la Orden de 29 de junio del pasado año y cumplan los requisitos establecidos en ella.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes y comenzará el día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Las personas físicas podrán presentar las solicitudes presencialmente o de manera telemática, a través del registro electrónico de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, al que se accede desde la sede electrónica ( www.tramitacastillayleon.jcyl.es ). Las personas jurídicas deberán presentar sus solicitudes únicamente de forma telemática.
En el supuesto de que el interesado opte por la presentación telemática con certificado digital o DNI electrónico, la solicitud de ayuda se descargará con sus datos personales pregrabados mediante una herramienta que ha habilitado la Consejería de Agricultura y Ganadería para simplificar y agilizar la tramitación de la solicitud y eliminar trabas administrativas.
Motivación de las ayudas
Ante las adversidades climatológicas sufridas en la Comunidad durante la campaña agrícola 2016-2017, la Junta de Castilla y León fue pionera en España en poner en marcha una batería de medidas excepcionales destinadas a paliar los daños sufridos por las explotaciones agrícolas y ganaderas de Castilla y León.
Entre dichas medidas se incluyó una línea de préstamos dirigidos a dotar de capital circulante al sector agrario de la Comunidad para poder hacer frente a las pérdidas sufridas por la concurrencia de circunstancias climatológicas adversas, bonificando la Consejería de Agricultura y Ganadería hasta el 100 % de los intereses a los agricultores y ganaderos que formalizaran estos préstamos.
Dicha medida se plasmó en la Orden AYG/546/2017, de 29 de junio, que establecía las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de minimis destinadas a la bonificación de intereses en préstamos preferenciales bonificados formalizados por titulares de explotaciones agrarias de Castilla y León y las condiciones para el reconocimiento del derecho a dichos préstamos.
En un principio, siguiendo con la línea establecida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el reconocimiento del derecho a un préstamo preferencial bonificado se dirigía a los titulares de explotaciones agrarias que hubieran obtenido el aval de la Sociedad Anónima de Caución Agraria (Saeca). Posteriormente, la Consejería de Agricultura y Ganadería, consciente de la difícil situación que atravesaba el sector como consecuencia de las adversidades climatológicas, amplió el ámbito de aplicación de esta medida a todos los titulares de explotaciones agrarias ubicadas en el territorio de Castilla y León, con independencia de que éstos hubieran obtenido o no un aval de Saeca.
Para la implantación de esta medida, la Consejería de Agricultura y Ganadería promovió la firma de convenios de colaboración con 15 entidades financieras que, posteriormente, fue objeto de una adenda, a la que se adhirieron 10 de dichas entidades que mostraron su interés en la posibilidad de formalizar los préstamos con los titulares de explotaciones agrarias que no hubieran obtenido un aval de Saeca.
Asimismo y para garantizar que todos los titulares a los que se les había reconocido el derecho a formalizar un préstamo preferencial bonificado pudieran suscribirlo, se amplió el plazo para su formalización hasta el 30 de abril de 2018.
La superficie asegurada supera el 80 %
La Consejería de Agricultura y Ganadería tiene como una de las prioridades para la presente legislatura el fomento de las políticas de seguros agrarios con el objetivo de proporcionar a los agricultores y ganaderos una herramienta que les permita trabajar con certidumbre asegurando sus producciones ante posibles adversidades climatológicas, plagas o enfermedades. Para ello, durante esta legislatura ha llevado a cabo diferentes actuaciones para potenciar la suscripción de las diferentes líneas que componen el seguro agrario combinado.
En primer lugar, en octubre de 2017, la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, y el presidente de Agroseguro, Ignacio Machetti, firmaron un convenio de colaboración para el fomento de los seguros agrarios en Castilla y León, gracias al cual los beneficiarios reciben de forma automática la ayuda del Gobierno Autonómico, aplicando el descuento en el momento de suscribir la póliza del seguro. De esta forma se cumple uno de los compromisos adquiridos para esta legislatura por la Consejería respecto a alcanzar la máxima simplificación administrativa y hacer más atractiva la contratación del seguro.
Adicionalmente, en la última convocatoria de ayudas, publicada en mayo de 2018, se refuerza el apoyo a estos seguros incrementando el presupuesto hasta 8,1 millones de euros, lo que supone triplicar la cuantía concedida hace tres años.
Este cambio de modelo ha motivado que la superficie asegurada en esta campaña haya superado el 80 % y el número de pólizas suscritas se haya elevado por encima de las 40.000 en Castilla y León.