La deuda viva de Castilla y León alcanzó en el ecuador de 2018 los 12.213 millones de euros, cantidad equivalente al 21 % del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad, que con ello se mantiene como la octava más saneada del país. Las estadísticas difundidas esta mañana por el Banco de España ponen de manifiesto, asimismo, que esta ratio continúa siendo casi cuatro puntos inferior a la media anotada por el conjunto de las autonomías, que se situó en el 24,7 % hasta junio.
El volumen del pasivo castellano y leonés registrado al cierre del segundo trimestre del año incorpora los dos préstamos suscritos en 2018 con cargo al Fondo de Facilidad Financiera (FFF), por un importe global de 836,5 millones, para cubrir las necesidades de financiación de ese periodo. A estas operaciones hay que añadir las operaciones de este tipo formalizadas en ejercicios anteriores, por lo que la deuda acumulada con el FFF ascendía a 3.245 millones de euros hasta el pasado 30 de junio.
Conviene recordar, asimismo, que los datos del organismo regulador incluyen otros conceptos como los préstamos reintegrables que concede la Junta a las empresas, que añaden 310 millones; las operaciones de ‘factoring’ sin recurso, es decir, los créditos comerciales con la Administración cedidos a entidades financieras, que agregan 110 millones de euros, y la deuda vinculada a proyectos de colaboración público-privada, por una cuantía de 290 millones.
En total el endeudamiento de Castilla y León contabilizado por el supervisor bancario se cifraba en 12.213 millones de euros al acabar junio, lo que en términos relativos equivale al 21 % del PIB. Este porcentaje implica que la Comunidad se mantiene como la octava más saneada de España por detrás de País Vasco, Madrid, Canarias, Navarra, Galicia, Asturias y La Rioja. Castilla y León fue una de las siete autonomías cuya deuda respecto al Producto Interior Bruto no aumentó en el segundo trimestre del año en relación al primero.
Esta buena posición relativa, similar a la registrada en periodos anteriores, acredita la responsabilidad con la que la Junta hace uso de esta fórmula de financiación. También es prueba de ello el hecho de que la aportación de Castilla y León al montante global de 293.246 millones de euros de deuda autonómica se limita al 4,16 % del total.
El análisis de la estructura de nuestra cartera de endeudamiento en términos SEC 2010 por prestamistas revela que por primera vez el grueso corresponde al Fondo de Facilidad Financiera –en concreto, el 26,6 %– al que se adhirió la Comunidad para satisfacer tanto las necesidades previstas en 2015, como las del segundo semestre de 2017 y, recientemente, para cubrir la deuda del primer semestre de 2018.
En relación con este último aspecto es preciso indicar que la Comunidad formalizó el pasado 8 de marzo un contrato por 618,3 millones de euros para cubrir el endeudamiento de los tres primeros meses de este año. El 3 de mayo se amplió en 218,2 millones de euros, para cubrir las amortizaciones que vencían en el segundo trimestre y la parte correspondiente tanto al déficit del 0,4 % previsto para este año, como a la anualidad de las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009.
De ahí que las emisiones de títulos valores continúen perdiendo peso relativo en favor de los préstamos, aunque todavía representan el 25,4 % del total.
Las empresas públicas siguen sin aportar ningún pasivo
Los 12.213 millones de euros de deuda viva atribuidos a Castilla y León hasta el segundo trimestre del ejercicio recogen el pasivo de todas las entidades que forman parte de nuestro sector público, puesto que en el periodo octubre-diciembre de 2017 el Banco de España adicionó a la Administración de la Comunidad el endeudamiento que tenía la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl). Esto explica que de los 3.368 millones de deuda de las empresas públicas autonómicas no corresponda ninguna cuantía a Castilla y León.
Por otra parte y en línea con lo observado en trimestres anteriores, hasta junio de 2018 el 95 % del endeudamiento de la Comunidad correspondía a la Administración General, mientras que el 5 % restante había sido generado por universidades, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y empresas públicas, principalmente.
En cuanto a los plazos de vencimiento conviene destacar que en torno al 97,3 % del endeudamiento global de Castilla y León está firmado a largo plazo, frente al 2,7 % suscrito a corto. El 72,5 % está concertado a tipo de interés fijo y el 27,5 % restante a variable, una distribución que hace posible paliar el efecto de previsibles subidas del Euribor.
