El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica hoy una orden de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se aprueban las bases reguladoras que permitirán a la Junta lanzar la primera convocatoria de subvenciones a la adquisición de vehículos propulsados por energías alternativas. A estas ayudas podrán optar particulares, autónomos, empresas y corporaciones locales.
El objetivo de estos incentivos es potenciar la adquisición de automóviles de cero y bajas emisiones como nuevas soluciones de movilidad sostenible, y es coherente con las políticas del Gobierno autonómico para fomentar el uso de medios de transporte menos contaminantes y más eficientes y respetuosos con el medio ambiente, recogidas en la Estrategia de Eficiencia Energética 2020.
Además, este tipo de medidas pretenden reforzar la posición de Castilla y León como referente nacional e internacional de la industria de la automoción, contribuyendo a incrementar su competitividad mediante el impulso a la ‘ecomovilidad’. En este sentido, conviene recordar que la Comunidad fue pionera en la puesta en marcha de una Estrategia Regional del Vehículo Eléctrico en 2011 –de la que se ha derivado el despliegue de una red de infraestructuras de recarga–, que está alineada con la Estrategia de Impulso del Vehículo con Energías Alternativas (VEA) en España 2014-2020.
El marco regulatorio aprobado hoy sienta las bases para la convocatoria de incentivos a la compra de automóviles nuevos propulsados por energías no convencionales, si bien la primera línea de subvenciones, que se abrirá antes de que finalice el presente año, financiará la adquisición de vehículos íntegramente eléctricos.
Podrán solicitar estos apoyos todas las personas físicas mayores de edad, profesionales autónomos, empresas privadas y corporaciones locales. Su percepción será compatible con cualquier otra ayuda concedida por la Administración General del Estado o por la Unión Europea, así como con la futura deducción autonómica en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en cuya regulación está trabajando la Consejería de Economía y Hacienda.
La cuantía de la ayuda en las diferentes convocatorias que realice la Junta tendrá con carácter general un límite máximo de 6.000 euros, y se concretará en función de determinados criterios, como el sistema de propulsión del vehículo adquirido, su autonomía, categoría o precio de venta.