Actúa CyL considera el acuerdo marco para una transición justa de la minería del carbón y desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el período 2019-2027 de seguidista respecto a las políticas anticarbón del PP e insuficiente para asegurar la supervivencia de las comarcas mineras.
Desde Actúa consideramos que la “descarbonización exprés” sin alternativas para las cuencas da el último paso con la firma de este acuerdo, impuesto a los sindicatos como lo fue el Plan del Carbón 2013-2018 diseñado por el PP. La única diferencia entre a gestión del PSOE y Podemos y la del PP es que las razones de la liquidación del carbón son diferentes. Unos desde un falso ecologismo, que tolera la importación de mineral para alimentar las térmicas de carbón de sangre del exterior, mientras permite el cierre de aquellas adaptadas al mineral autóctono, al tiempo que cuestiona la autonomía del Estado al sacrificar la única fuente de energía propia, aparte de las renovables. Otros, al dictado de las puertas giratorias y los intereses de las multinacionales eléctricas que imponen sus intereses a los gobiernos y han decidido acabar con el carbón en favor del gas y el mineral importado.
En todo caso el Plan de cierre se consuma y el Gobierno tan solo cede en las migajas de procurar una prejubilación digna a los mineros incluidos en el régimen especial del sector, dejando fuera a las subcontratas, que en muchos casos han provocado la situación incluyendo a sus trabajadores en el régimen de la construcción o el transporte. Desde Actúa consideramos que cualquier minero, dependiera del convenio que dependiera debe beneficiarse de las nuevas condiciones de prejubilación.
Al mismo tiempo consideramos insuficiente la cifra de 250 millones, 50 anuales, para incidir en políticas que ya han fracasado desde que se anunció el protocolo eléctrico a finales del siglo pasado. Incentivar la inversión privada no funciona, porque la inversión pública no existe o nunca se dirige a desarrollar el Plan Industrial alternativo que necesitan las cuencas. En este sentido sería clave que HUNOSA se hiciese cargo de las concesiones mineras hasta ahora en manos privadas para dotar al Estado de un cupo estratégico permanente de carbón autóctono. Cualquier gobierno con una política energética seria optaría por esta medida sino actuase por prejuicios interesados (intereses empresariales) o prejuicios ideológicos para conseguir votos en las grandes ciudades.
Esos 250 millones deben duplicarse, el Gobierno central debe coordinarse con las comunidades autónomas, y ambas administraciones deben pactar Planes de empleo reales, fundamentados en un proceso de reindustrialización e I+D+i, con la CIUDEN y la Fundación Santa Bárbara como piedras angulares. El carbón no solo se quema en centrales térmicas para generar energía, también se queman en estufas para dotar de calefacción a las casas, permiten el aprovechamiento del grisú, el metano, para usos industriales, solo con mantener las minas abiertas y el enorme potencial industrial y como superconductor del grafeno en el futuro pueden dar vida a las cuencas, siempre y cuando se aproveche los existente, que no es el caso de este plan, y se mire en el horizonte de aprovechar el potencias de estas zonas para crear empleos alternativos fundamentados en un sector industrial público, que es justo lo que no se quiere hacer.
