El miércoles 12 se llevará al Pleno de las Cortes de Castilla y León una Proposición de Ley (PL) que persigue hacer autorizables las actividades extractivas en cualquier suelo rústico con protección.
Ecologistas en Acción pide al resto de grupos parlamentarios que rechacen esta propuesta, ya que abre la puerta al expolio del territorio, vulnera la ley estatal de suelo y el artículo 45 de la Constitución Española.
La finalidad real de la modificación de la Ley de Urbanismo que promueve el Grupo Popular es, como él reconoce, desbloquear proyectos mineros especulativos objeto de oposición en toda Castilla y León. La organización ecologista apela a la responsabilidad del resto de grupos parlamentarios para frenar con su voto en contra esta propuesta que da resta soberanía a los ayuntamientos y da alas a una «burbuja minera» que, junto a la explotación porcina industrial, esta relevando a la especulación inmobiliaria como principal amenaza para los pueblos y el medio ambiente de Castilla y León.
Según admite el Partido Popular, esta propuesta se crea específicamente para tres proyectos concretos, en las provincias de Zamora, Segovia y León. Estos casos podrían desarrollarse sin modificar la normativa actual, pues la Ley de Urbanismo de Castilla y León ya señala una categoría de suelo rústico de actividades extractivas, constituido por los terrenos que el planeamiento estime necesario reservar para tal finalidad. De este modo la modificación pretendida carece de sentido ya que la normativa urbanística vigente prevé un suelo específico para las actividades extractivas que hace incongruente la autorización de las mismas en cualquier suelo rústico con protección, que es lo que pretende esta PL.
Con ello, el PP no persigue combatir la despoblación del medio rural, sino al contrario, vaciarlo para allanar el desembarco de multinacionales mineras como la australiana Berkeley en Salamanca, la francesa Roullier en Soria, la alemana Hanson en Valladolid, la canadiense Almonty en Zamora o los consorcios internacionales que intentan la reapertura de las minas del Bierzo (León) que motivan la PL, para las que el acceso fácil a derechos mineros es un activo en los mercados financieros internacionales, independientemente de que el yacimiento en cuestión se acabe explotando o no.
Estas empresas actúan en general en zonas poco pobladas beneficiándose de los derechos que les atribuye la franquista Ley de Minas, por lo que las restricciones de la normativa ambiental y urbanística son vistas como un obstáculo quecon estas PL se pretende eliminar, supeditado el interés común de los territorios a los intereses especulativos y depredadores de multinacionales. Hay que destacar que la minería supone una aportación económica y laboral marginal dentro de Castilla y León (360 millones de facturación y 4.000 empleos), y que la media de puestos de trabajo de las explotaciones de minería no energética es de 6. Por el contrario se trata de una actividad que deja tras de si territorios esquilmados eliminando muchas veces la posibilidad de desarrollar actividades agrícolas o ganaderas.
Ecologistas en Acción señala que la pretensión de permitir la actividad extractiva en cualquier suelo rústico con protección es contraria al principio de desarrollo territorial y urbano sostenible formulado por la ley estatal de suelo, que exige la preservación de los valores del suelo rural, entre ellos los naturales, culturales y paisajísticos que amenazaría la PL del Grupo Popular. La organización ambiental estima que dicha proposición de ley es también contraria al derecho a un medio ambiente adecuado tutelado por el artículo 45 de la Constitución.
Ecologistas en Acción combatirá, junto a las plataformas vecinales afectadas y otros sectores perjudicados cualquier propuesta desreguladora en esta materia del Grupo Popular o la Junta de Castilla y León.
