Dieciséis de ellas han presentado ya los estatutos para su constitución y han definido la superficie regable, que alcanza las 20.000 hectáreas en rotación
El objetivo de la Confederación es disponer, al menos, de una comunidad de usuario por cada masa de agua 8 de enero 2019. La Confederación Hidrográfica del Duero, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, tramita en estos momentos la constitución de treinta y nueve Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS), pertenecientes a las provincias de Ávila, Segovia y Valladolid. Son comunidades de regantes que agrupan a uno a varios términos municipales, con más de veinte miembros, y que se sumarán a la ya creada de Cantalpino, en
Salamanca.
De las 39 comunidades actualmente en formación, 16 han presentado ya en la Confederación los estatutos para su aprobación, así como la definición de la superficie regable en rotación que alcanza las 20.000 hectáreas. El resto, un total de 23 comunidades de regantes, han registrado la solicitud de constitución y están completando la documentación requerida por el Organismo para seguir avanzando en este proceso (se adjunta mapa).
Según los datos de la CHD, las 39 comunidades en proceso de constitución se localizan en las masas de agua en mal estado de Tordesillas (1), Tierra del Vino (15, de ellas nueve compartidas con Medina del Campo), Medina del Campo (5) y Los Arenales (18), las más explotadas de la cuenca, con superficies de regadío que oscilan entre las 400 y las 5.000 hectáreas.
La Confederación Hidrográfica del Duero sigue apostando por la constitución de las comunidades de usuarios de aguas subterráneas como el instrumento adecuado para ordenar, controlar y planificar una explotación racional de los acuíferos, tal y como exige la nueva política del agua. Una línea de trabajo que va a seguir fomentando en 2019 con el reto de disponer, al menos, de una comunidad de usuarios por cada masa de agua.
Para ello, la CHD considera que lo más eficaz es la creación de comunidades de base de uno o varios términos municipales (entre 2.000 y 4.000 hectáreas de regadío), que posteriormente se agrupen en una Junta central o agrupación de comunidades de usuarios, garantizando así un coste por usuario menor y un aumento de las posibilidades de uso del agua, con la rotación de parcelas.
Las comunidades de usuarios son corporaciones de derecho público en las que los usuarios gestionan colectivamente los derechos de uso del agua que tienen reconocidos. Entre las ventajas figura la mayor capacidad de decisión de sus integrantes en los órganos de participación de las Confederaciones, el ahorro de costes al estar en mejor situación que los usuarios individuales para negociar, por ejemplo, las tarifas eléctricas o la reducción del papeleo y la mayor flexibilidad en el uso del agua.
En este último caso, cuando existe una comunidad de usuarios el volumen máximo asignado a los diversos derechos individuales, bajo la gestión de los propios usuarios, se reparte entre los integrantes en cada campaña en función de las demandas y disponibilidades.
Los datos oficiales confirman, junto a los procesos en formación actualmente en marcha, la constitución en 2018 de un total de 71 comunidades, en este caso de menos de veinte miembros. Un buen paso como experiencia de gestión.
